La juez que instruye la investigación por las presuntas irregularidades en la gestión urbanística del Ayuntamiento de Polop de la Marina imputó ayer al ex alcalde del PP y ahora edil no adscrito, Juan Cano, por un presunto delito de tráfico de influencias, después de tomarle declaración durante casi tres horas. La Guardia Civil y la Fiscalía creen que Cano pudo presionar a varios ediles del PP cuando no era concejal del Ayuntamiento, para que condicionaran la adjudicación de un PAI a favor de una empresa a cambio de que ésta adquiriera unos terrenos que eran de su propiedad. El concejal, que también permanece imputado como presunto autor intelectual del crimen de su antecesor en la Alcaldía, Alejandro Ponsoda, compareció en el Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 3 de La Vila Joiosa acompañado por su abogado, Carlos Ruiz Manero, y en calidad de imputado, aunque no conoció los cargos hasta el inicio de su declaración.
La causa, abierta en paralelo a la que investiga en el Juzgado número 2 el asesinato de Ponsoda, trata de esclarecer diversas operaciones urbanísticas que se llevaron a cabo en el municipio desde el año 1999, incluyendo el periodo en el que Cano no era concejal del Ayuntamiento -2003-2007-, pero siguió controlando el urbanismo de Polop, lo que le valió numerosas discrepancias con el alcalde asesinado en octubre de 2007 a las puertas de su domicilio. Además de Cano, también están citadas a declarar otras dos personas: el ex concejal del PP Jaime Narbó, que lo hará el viernes; y el ex ingeniero municipal, José Vicente Martí, cuya declaración está prevista para el mes de enero, según confirmaron ayer fuentes judiciales.
La investigación llevada a cabo por la Guardia Civil y que ayer centró buena parte de la declaración de Juan Cano tiene como eje central una operación de compraventa de suelo entre el ex alcalde y el ex concejal Narbó y la principal urbanizadora de la localidad, la mercantil Blauverd, en noviembre de 2005, según indicaron ayer fuentes judiciales. El proceso se inició en 1999, antes de aprobarse el PGOU de Polop. Ese año, el Jaime Narbó compró tres terrenos a un matrimonio por 60.101 euros. Dos de esas parcelas eran rústicas y la otra urbana. En el año 2004, el edil vendió las dos parcelas rústicas. Una de ellas a su padre por 7.500 euros y la otra a Juan Cano, por el mismo precio. En aquellos momentos Cano no ocupaba cargo público alguno, aunque seguía controlando todos los movimientos que tenían que ver con el urbanismo polopino. La parcela urbana fue vendida por Narbó a la mercantil Blauverd en noviembre del año 2005 -con el PGOU ya aprobado en 2003- por 480.000 euros. En la venta ejerció Juan Cano de representante del concejal.
En cuanto a los terrenos rústicos que adquirió Cano y el padre de Jaime Narbó, ambos los vendieron el 25 de noviembre de 2005 a la mercantil Blauverd, apenas 14 días después de adjudicar la condición de agente urbanizador del sector 8 Teulería-La Paz a dicha empresa. La del padre de Jaime Narbó se vendió por un precio de 240.000 euros y la de Juan Cano por 290.000. Es decir, lo que le había costado a Cano 7.500 euros en 2004, lo vendió un año después por un precio 38 veces superior. Y a todo ello, el concejal Narbó votó en el pleno la adjudicación del plan parcial en el que tenía terrenos, sin ausentarse de la sesión.
Fuentes relacionadas con la causa indicaron ayer que la Fiscalía y la Guardia Civil apuntan a que Cano pudo presionar a otros concejales del PP para que condicionaran la aprobación de dicho PAI a favor de la mercantil Blauverd a que ésta comprara a Cano y al padre de Jaime Narbó los citados terrenos, de lo que se derivaría la acusación por presunto tráfico de influencias. Estas mismas fuentes indicaron que Juan Cano negó ante la juez los hechos de los que se le acusa y proclamó su inocencia. El propio ex edil afirmó que se le había interrogado sobre "muchas cosas" y aseguró ser "totalmente inocente"
"Dispuesto a colaborar"
Antes de su declaración, el ex alcalde se mostró dispuesto a "colaborar en todo momento con la justicia". De hecho, durante la misma, Cano respondió a todas las preguntas formuladas por la juez, el fiscal, su defensor y el abogado que representa al ex ingeniero municipal, pero se negó a hacer lo mismo con el letrado que representa al Ayuntamiento como acusación particular, en condición de perjudicado.
Fuentes judiciales señalaron que la Fiscalía ha pedido la comparecencia ante la juez que instruye el caso de cuatro testigos para poder aportar nuevas pruebas, entre los que no se descarta que pudiera haber ediles o ex ediles del Ayuntamiento de Polop. Además, el viernes está previsto que también declare como imputado Jaime Narbó.
