Ya es oficial lo que era un secreto a voces. El Comité de Expertos del Pacto Antitransfuguismo declaró ayer que los doce concejales ex socialistas de Benidorm y el edil José Bañuls son tránsfugas a todos los efectos. No cabe ninguna interpretación. El dictamen es claro y afirma, textualmente, que "la conducta llevada a cabo por un concejal del PP, posteriormente declarado no adscrito, resulta constitutiva de transfuguismo. Igualmente, cabe considerar tránsfugas al nuevo alcalde y el resto de concejales electos en las listas del PSOE, hoy también declarados no adscritos".

El Comité de Expertos tampoco tomó en consideración la petición del gobierno de Benidorm para que su caso no fuera abordado ayer al entender que no se les había dado trámite de audiencia y, por lo tanto, se encontraban en una situación de "total indefensión" porque habían sido condenados sin ser escuchados antes.

La Mesa de Seguimiento del Pacto Antitransfuguismo comenzó su reunión a las 11.30 de ayer para analizar los ocho nuevos casos de transfuguismo presentados por los partidos, así como otros 21 que quedaron pendientes en la anterior sesión. Igualmente conoció el dictamen de la Comisión de expertos sobre 14 municipios, entre los que se encontraba Benidorm. Por cierto, que el alcalde popular de Vall de Laguar también fue declarado tránsfuga, así como el resto de ediles del PP, beneficiarios del transfuguismo del concejal de ERPV.

El caso de Benidorm, no obstante, era el más llamativo por cuanto entre los miembros del nuevo gobierno se hallaba Maite Iraola, madre de la número 3 del PSOE, Leire Pajín. El dictamen de los expertos lo calificó como el exponente más claro del concepto de transfuguismo. En ese pronunciamiento no quedaban dudas tampoco en cuanto a la actitud del concejal José Bañuls, que abandonó la disciplina del PP "motu proprio" y traicionó la confianza de sus compañeros de lista. Para los expertos se trata de un tránsfuga "en toda regla". Y si no había dudas en cuanto a Bañuls, tampoco las hay en relación al resto de ediles ex socialistas, a quienes se les imputa un "transfuguismo indirecto" como beneficiarios de la conducta de Bañuls y la posterior moción de censura. De la misma forma que en La Vila y Dénia, el dictamen otorga este calificativo tanto al alcalde como a los demás concejales del gobierno.

Ayer, sin embargo, no hubo reacción oficial alguna desde el equipo de gobierno. Y ello pese a que Navarro declaró días antes que entendía "normal" que les declarasen tránsfugas. Sus portavoces le enmendaron la plana y horas después rechazaban el apelativo "por no haber sido oídos". Sea como fuere, fuentes del gobierno se mantuvieron ayer en las tesis de los últimos días. "El valor que le damos al dictamen es el mismo que el que le otorga el PP". Preguntados por las medidas que debería tomar el PSOE con ellos, estas fuentes respondieron que "las mismas que el PP adoptó en los casos de Dénia, La Vila o Vall de Laguar".