El Ayuntamiento de Benidorm vivió ayer un nuevo episodio, uno más, del enconado distanciamiento existente entre los grupos políticos. Todo a cuenta de la celebración de una comisión de investigación que debe aclarar la implicación de un establecimiento comercial vinculado a la familia del portavoz del PP en la venta de material escolar. Gobierno y oposición coincidieron, eso sí, en sus críticas. Ambos calificaron de "absurdo" lo que ayer ocurrió y se acusaron mutuamente de obstaculizar el desarrollo de la comisión.

Y es que ayer debía constituirse el citado órgano con el nombramiento de sus miembros y el establecimiento de la periodicidad de las sesiones para dar cumplimiento al acuerdo plenario. Lo que ocurrió es que se presentaron once ediles del PP -el otro no acudió por enfermedad- por los dos del grupo socialista -Jaime Llinares y Natalia Guijarro- y el no adscrito José Bañuls. Una vez dentro, a la hora de votar sólo se contabilizaron los votos de dos concejales populares pese a que todos levantaron la mano.

El pleno había acordado que cada grupo tendría dos ediles y el no adscrito uno. Para ello el gobierno esgrimió un informe del secretario en el que se señalaba que al ser las comisiones meras divisiones internas del Pleno, deben reproducir en la medida de lo posible la estructura política de éste. Ésto es, que "conformada la comisión creada por la quinta parte de los miembros del Pleno, y teniendo que formar parte obligatoriamente el concejal no adscrito, los cuatro miembros restantes se reparten proporcionalmente entre los dos grupos mayoritarios, que tienen el mismo número de concejales, respetándose así el principio de proporcionalidad y trasladando a la comisión la proporción existente en el Pleno".

Dos asuntos se abordaron; por un lado la periodicidad de las sesiones, que quedó fijada en una vez al mes como mínimo, y la presidencia de la comisión. En este punto el gobierno local propuso que este cargo recayera en Bañuls, pero el PP presentó una propuesta para que fuera el alcalde Agustín Navarro quien presidiera la misma. Los tres concejales del gobierno votaron en contra de la petición popular y después argumentaron que "es absurdo porque el alcalde ya es el presidente nato de todas las comisiones".

Bañuls, Llinares y Guijarro, por el gobierno, recalcaron que el PP "tiene el objetivo de obstaculizar la comisión y para ello vulneran el acuerdo plenario". Les acusaron de deslealtad hacia el Ayuntamiento y Llinares comparó los ademanes de los ediles de la oposición "con el zoológico de Barcelona".

Por su parte, el PP afirmó que "quien manda en el Ayuntamiento es Bañuls". Pérez Fenoll agregó que al gobierno "no le interesa saber cómo se han gestionado y tramitado esas ayudas" y lamentó que Navarro no haya hecho públicos los informes que solicitó su grupo hace más de seis meses de los departamentos de Intervención, Educación y Contratación.