17 de junio de 2010
17.06.2010
Altea

Un policía y el padre de un menor, imputados por revelar datos policiales al director de un colegio

El fiscal pide una pena de dos años de prisión para el progenitor mientras la acusación particular la eleva a nueve

17.06.2010 | 02:00
Imagen de la fachada del colegio La Olla de Altea.

El padre del menor que facilitó los datos policiales del novio de su ex mujer se encuentra imputado y a la espera de juicio así como el policía que filtró los datos, que también ha sido imputado en el caso. Para el progenitor del niño, el fiscal solicita una pena de dos años de prisión y multa de quince meses a razón de diez euros diarios. La acusación particular pide cuatro años de prisión por descubrimiento de secretos y otros cinco por un presunto delito de revelación de secretos.
Los hechos tienen su origen en septiembre de 2008 cuando el acusado, A. L. A., padre del menor, se personó en el colegio La Olla de Altea donde cursaba estudios su hijo. En el centro entregó al director del mismo una ficha policial del novio de su ex mujer con el fin de que el menor no fuera recogido a la salida de la jornada escolar por esta persona. Al tener conocimiento el novio de la ex mujer, éste presentó una denuncia y el padre del pequeño fue detenido durante unas horas ese mismo día. Según el fiscal, los hechos son constitutivos de un delito de revelación de secretos. La acusación particular relata los mismos hechos en su escrito de acusación, aunque eleva la pena solicitada a nueve años de prisión.
A resultas de aquello se inició una investigación y se determinó que los datos facilitados procedían del Cuerpo Nacional de Policía. Las pesquisas de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), de Asuntos Internos y del Juzgado número 5 de Benidorm dieron como resultado la imputación asimismo del policía, si bien en un principio Asuntos Internos no pudo determinar la autoría del agente que había filtrado los datos.

Sanción y acciones civiles
Tras los hechos, la AEPD sancionó a la Dirección General de la Policía y Guardia Civil por una falta que tipificó como muy grave dado que la información provenía de sus archivos secretos. En este sentido el abogado que representa a los demandantes, -la mujer y su actual pareja- Francisco González, ha iniciado las oportunas acciones civiles contra los responsables de la filtración de los citados documentos.
De momento, y antes de que se produzca el juicio -que ya ha sido aplazado en una ocasión- otros dos policías más se encuentran expedientados y la lista podría incrementarse por cuanto Asuntos Internos ha llegado a interrogar a 24 policías hasta el 16 de mayo de 2009. "De todo esto tienen conocimiento en la Comisaría de Benidorm, aunque el comisario no tiene nada que ver en el asunto" señaló A. V. que agradeció la disposición del máximo responsable policial de Benidorm.

Cartas a organismos
Mientras el asunto sigue a la espera de la celebración del juicio, la mujer ya ha escrito varias cartas a organismos y administraciones en las que expone su situación a raíz de estos hechos, que le han llevado a incrementar las medidas de seguridad en su domicilio y con ella misma y su pareja. En una carta remitida al delegado del Gobierno en la Comunidad, la mujer resalta que lo importante del caso es que un policía nacional hubiera facilitado datos sobre su pareja para que su ex marido pudiera acosarla. La mujer recuerda en su escrito que ha interpuesto "alrededor de 25 denuncias" contra su ex marido. Su pareja, A. V., relató que A. L. A. -el ex marido- tenía una orden de alejamiento desde el año 2006 que le fue retirada en 2008. "Pero volvió a reincidir al poco tiempo y se la volvieron a poner" afirmó. La pareja acusa a A. L. A. de haberse comprado un chalet en la misma urbanización en la que residen con una distancia de casa a casa de 830 metros. "Pero sólo hay una entrada y salida y pasa todos los días insultando y amenazando" precisó. De igual modo, ambos indican que el acusado habría estado en contacto con sicarios de Portugal para "ir a por nosotros" pero desistió al ser descubierto. Las denuncias interpuestas contra A. L. A. van desde impagos de la pensión alimenticia, insultos, amenazas e incluso intervención de las comunicaciones.
En el documento que la mujer envió al delegado del Gobierno recalca que "no se puede estar todos los días en la prensa diciendo lo bien que va la lucha contra el maltrato, contar espectaculares operaciones policiales, decir la ministra que todas las cifras son positivas y que luego pase esto". La mujer afirma asimismo que ha rechazado en varias ocasiones acudir a las televisiones a contar su historia por su convencimiento de que "la Policía, como institución está muy por encima" y que por ello "limpiarán la mierda que hay en su casa".

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