La aprobación plenaria de la resolución del contrato de la empresa adjudicataria del servicio de ORA y retirada de vehículos provocará ahora que la mercantil acuda a los tribunales y presente una querella por prevaricación a todos los miembros del gobierno local de Benidorm. Según ha podido saber este periódico, la empresa acudirá en los próximos días al juzgado de Benidorm para interponer la querella, que en esta ocasión no se dirigirá sólo hacia el concejal de Seguridad y Movilidad, José Bañuls, como hizo hace unos días.

La empresa emprenderá nuevas medidas judiciales, además de las ya tomadas y tiene plena confianza en que sus tesis acabarán triunfando en los tribunales. Pero la demanda de la mercantil Park Control 2000 no se quedará ahí, sino que tiene pensado reclamar indemnizaciones por los perjuicios causados. Algunas fuentes consultadas ayer señalaron que la concesionaria "ha tratado de dialogar, presentar informes, arreglar las cosas, pero no ha habido manera".

Mientras tanto, ayer se produjo la primera comparecencia en el juzgado tras la citación del juez a la empresa para la primera prueba testifical. El representante de Park Control expuso la situación desde su punto de vista y además aludió a lo sucedido el lunes en el pleno con la decisión de rescindir el contrato de adjudicación.

Por su parte, el edil José Bañuls seguía ayer confiado en que la medida adoptada cuenta con todos los beneplácitos y que es correcta. Bañuls indicó que las incidencias detalladas en los informes técnicos "son claras infracciones calificadas como muy graves en el régimen sancionador contractual, porque no basta con demostrar que se han efectuado reparaciones o mantenimientos periódicos, sino que aquellas y estos deben realizarse de modo que los vehículos que prestan un servicio público estén siempre en perfecto estado, no a posteriori". El concejal reiteró que los informes de la Policía Local, los ingenieros y los asesores jurídicos "avalan la decisión de finiquitar el contrato". Según dijo, ante esta tesitura el Ayuntamiento tenía dos opciones: "o dejar a la empresa que haga lo que quiera o resolver el contrato en defensa del interés general". Ahora, subrayó, se abre un plazo en el que Park Control seguirá dando servicio hasta que haya otra concesionaria.

Reacciones

De distinta opinión era el grupo municipal popular, cuyo portavoz Antonio Pérez calificó ayer de "caída libre" el estado en que se encuentra el gobierno de Navarro "condicionado por los caprichos de Bañuls". Pérez advirtió asimismo de que el Ayuntamiento "un día se verá obligado a pagar indemnizaciones millonarias que no podemos calcular porque la Alcaldía impide que los técnicos informen en las cuestiones que le incomodan", en alusión a que el alcalde no permitió que se pronunciasen ni el interventor ni el secretario en el pleno. El portavoz popular insistió en la falta de informes técnicos para cerrar el expediente y señaló que los únicos que hay "obedecen a instancia de parte". Igualmente se refirió a Bañuls para recordar que está inmerso en una causa judicial. "Él sabrá si no es una temeridad lo que ha hecho" apostilló el portavoz popular.