La Audiencia Provincial acordó ayer mantener en prisión provisional al propietario del club de alterne Mesalina, Pedro Luis Hermosilla, por su presunta vinculación con el asesinato del alcalde de Polop, Alejandro Ponsoda. Los magistrados han valorado el "elevado riesgo de fuga" dada la gravedad de la pena a la que se enfrenta el imputado. El auto subraya que "hay indicios racionales de criminalidad de su posible participación como intermediario en la contratación de los ejecutores materiales del asesinato".

De esta manera, la Audiencia confirma la decisión de la juez de Instrucción dos de Villajoyosa de mantener en prisión al responsable del club de alterne. Es la segunda vez que se tiene que pronunciar la Audiencia sobre el caso desde que se levantó el secreto de sumario, ya que hace apenas dos semanas también acordó mantener encarcelado al ex alcalde polopino, Juan Cano, como presunto autor intelectual del crimen.

Entre las defensas de los siete sospechosos que están encarcelados se estaba pendiente de la decisión sobre el dueño del prostíbulo para ver si existía la posibilidad de que alguno de ellos pudiera salir de prisión. La sensación entre los abogados ayer era de que hasta que no se celebre el juicio, no existe la posibilidad de que los detenidos sean excarcelados. Todos niegan su participación en el crimen y sus defensas alegan la falta de pruebas que justifique mantenerlos en prisión. Parte de la investigación se ha basado en la declaración de un testigo protegido que ha delatado a las personas que presuntamente intervinieron en el asesinato.

La Audiencia ha descartado que el testigo protegido mienta tal y como plantea la defensa de Hermosilla porque no trabajaba en el club en el año 2007, fecha en la que se celebró la supuesta reunión en la que se habría planeado el crimen. "Este extremo deberá dilucidarse en el juicio oral, ya que es práctica habitual el no dar de alta a los porteros y camareros de clubs de alterne en la Seguridad Social", dice el fallo.

El abogado Francisco González señaló que continuaría pidiendo nuevas pruebas para demostrar la inocencia de su cliente y seguir reclamando su puesta en libertad. Lo más inmediato es la visita de una comisión rogatoria a Chequia para interrogar a la camarera de la sala VIP del club donde tuvo lugar la reunión, una prueba para la que se desplazarán varios de los abogados defensores. También hay una apelación pendiente en la Audiencia para pedir que se impute al testigo protegido.

Por otro lado, la defensa de uno de los presuntos sicarios checos ha presentado una queja a la juez instructora porque la Guardia Civil ha interrogado a su cliente en prisión sin estar asistido de abogado y lo está haciendo con otros implicados.