Los trabajadores del casino denuncian que el ERE está "plagado de irregularidades"

Una de las irregularidades que habría en el expediente es que los representantes sindicales de los trabajadores no han sido tenidos en cuenta durante el proceso, según manifestó uno de los abogados del Comité de Empresa, José Luis Navarro Llorca, quien puso como ejemplos la no convocatoria en tiempo y forma para iniciar las negociaciones o la no presentación de los informes económicos ni las cuentas acreditadas hasta la fecha de cierre, el pasado 19 de marzo.

Los abogados también censuraron que la empresa presentara el ERE el mismo día en que les fue concedida la suspensión temporal de la actividad por parte de la Conselleria durante seis meses, pero sin contar con una autorización previa de la Conselleria para cerrar la sala ni una comunicación por parte de la empresa acerca de una posible alteración de la plantilla, que según manifestaron "es pertinente para estos casos". Asimismo, indicaron que Casinos del Mediterráneo ha impedido el acceso a las instalaciones del casino a los miembros del comité para poderse reunir, a pesar de ser éste su puesto de trabajo, y que el resto de empleados tampoco han podido acceder desde el 18 de marzo "ni siquiera para recoger sus pertenencias personales de las taquillas", lo que consideraron como una "grave vulneración tanto de la Ley Orgánica de Agrupación Sindical como de los derechos sindicales y fundamentales de los trabajadores".

Los letrados del Comité también desvelaron que la empresa concedió a los trabajadores a partir del 19 de marzo "permisos retribuidos" a los empleados hasta que se resolviese el ERE y que, ahora, les han comunicado la suspensión de estos permisos, que se les han cambiado por "vacaciones con carácter retroactivo" desde esa fecha. Por todo ello, los 121 afectados reclaman que la Dirección General de Trabajo de la Conselleria de Empleo decrete la suspensión de todas las actuaciones y obligue a la empresa a reabrir la sala y readmitir a todos los trabajadores.

Esta reclamación de nulidad se suma, además, a las 121 demandas presentadas por los trabajadores ante la Inspección de Trabajo contra la empresa por despido improcedente, al considerar que la misma "ha cerrado unilateralmente la sala sin que se den las premisas que recoge el Real Decreto 17/1977, como son la huelga o cuestiones de causa irreparable", indicaron.

Las cuentas, en duda

Desde el Comité de Empresa también pusieron ayer en duda las cuentas con las que la empresa sustenta unas pérdidas superiores a los 14 millones de euros para justificar el cierre. Según la información aportada por el letrado Faustino Grau Expósito, también en representación de los trabajadores de la sala de juego, "alegan unas pérdidas de casi 14,5 millones, pero si nos fijamos en la contabilidad, éstas son en su mayoría atribuibles a asientos contables, lo que quiere decir que sí disponen de ese dinero aunque no lo pueden utilizar". Grau Expósito manifestó que, de las referidas pérdidas, 12 millones de euros serían "pérdidas ficticias, por cuanto 9 millones están computados como "deterioro de terrenos" y otros tres como amortizaciones de capital fijo".

A estos habría que sumar, según el letrado, 1,8 millones que la empresa gastó en 2009 en despidos que consideró improcedentes; y 1,5 más a gastos de "alquileres" referidos "posiblemente a otras salas de juego, como la de Alicante o Torrevieja, porque la de La Vila está en propiedad". Por último también explicaron que el informe de auditoría presentado del año 2008 recoge que "las pérdidas que puede haber se derivan de que toda la inversión del casino de Alicante procede de los fondos de La Vila".