El TSJ atiende a los ecologistas y anula la concesión de la ampliación de Campomanes

El Tribunal decidió estimar el recurso presentado por los grupos ecologistas contra la Resolución de 2005 de la Conselleria de Infraestructuras y Trasporte, que desestimaba un recurso de alzada interpuesto contra el otorgamiento de concesión a la mercantil Marina Greenwich S.A. para la realización de las obras del proyecto de ampliación del puerto deportivo Luis Campomanes en Altea. El TSJ declara "nulas las citadas resoluciones, dejándolas sin efecto" debido a que el proyecto de ampliación aprobado en 2002 difiere del anterior de 1999 y se trata de un proyecto modificado "sobre el que no se sometió a una nueva Evaluación de Impacto Ambiental y Declaración de Impacto Ambiental, sino que la autoridad ambiental únicamente convalidó la Declaración de Impacto del proyecto anterior de 1999".

Aquel año la mercantil pidió autorización a la Conselleria para ejecutar obras de ampliación del puerto. El proyecto se sometió a información pública con el estudio de impacto ambiental en 2000 y dos años más tarde la Conselleria formuló la declaración favorable. Sin embargo, después un nuevo proyecto fue sometido a información pública con el mismo estudio de impacto y en 2003 la Conselleria volvía a dictar una declaración favorable e incluso se mostró de acuerdo en el proyecto de trasplante de paderas de posidonia oceánica.

Afecciones

La sentencia aclara que el proyecto de ampliación del puerto y el estudio de impacto ambiental fueron sometidos por dos veces a exposición pública "sin que en el nuevo proyecto se llevara a cabo una nueva Declaración de Impacto Ambiental correspondiente al nuevo proyecto que se presentaba". Además, el tribunal incide en que la Declaración de Impacto Ambiental convalidada por la Conselleria "no permite apreciar con certeza a qué proyecto se refiere". Igualmente señala que varios informes de diferentes universidades precisan que los proyectos son distintos al diferir en la superficie ocupada, la configuración de los diques y una superficie edificada mayor. La Universidad de Alicante refiere asimismo que la ampliación de la instalación afectaría a casi 40 hectáreas de posidonia oceánica que sería destruida como consecuencia de la aplicación o entraría en regresión, "lo que producirá una reducción de la calidad de las aguas, considerando los impactos críticos e irreversibles". Así, a juicio de la Sala "el hecho de que no se efectuara un nuevo estudio de impacto ni una declaración acorde al nuevo proyecto, supone un vicio invalidante".

Ecologistas en Acción, Greenpeace y WWF España se han felicitado por la sentencia conseguida, "exigiendo de la Generalitat la restauración a su estado original de la zona dañada por las obras de ampliación".

El Ayuntamiento pedirá recuperar la playa

El equipo de gobierno de Altea se mostró satisfecho con la sentencia del TSJ y pedirá a la mercantil concesionaria, Marina Greenwich, que rehabilite y recupere la playa adyacente "destruida por las obras de ampliación", afirmó ayer el concejal de Medio Ambiente y Playas, Santiago Ronda. El edil socialista recordó que cuando se iniciaron las obras "presentamos como partido, junto a otras fuerzas políticas y grupos ecologistas, la paralización de las mismas porque afectaban profundamente al ecosistema". Ronda dijo que "al final ha prevalecido la justicia y el sentido común" pues ampliar el puerto hasta el doble de su capacidad actual "hubiera supuesto la destrucción masiva de una gran extensión de pradera de posidonia oceánica que está considerada como un Lugar de Interés Comunitario". Ronda agregó que "vamos a tomar las medidas oportunas para que la mercantil restaure la playa y el barranco adyacentes al puerto".