Dos constructoras que desarrollan dos sectores urbanísticos en el término municipal de Benidorm han presentado sendos recursos contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana contra la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) por entender que la demora en otorgarles autorización para proseguir con la urbanización les está causando perjuicios, en uno de los casos más de dos años después de iniciar la urbanización del sector.
Por un lado, la mercantil Construcciones Euromar, que desarrolla el PAI Sector Poniente, con una superficie de 61.735,52 metros cuadrados en el que se prevé la construcción de torres residenciales, ha acudido al tribunal ante la falta de respuesta de la CHJ para la realización de una canalización de un barranco. La Confederación entiende que la misma debe hacerse en abierto y no soterrada. La empresa presentó un nuevo proyecto de encauzamiento y solicitó la autorización pertinente. Ésta contestó en sentido positivo a la viabilidad del mismo, aunque con la subsanación de algunas deficiencias; un trámite que está en curso de resolverse. Desde entonces, nada nuevo. La mercantil ya sopesó en marzo del año pasado acudir al contencioso, algo que ha hecho un año después. Desde Urbanismo no entienden la tardanza en responder y muestran su extrañeza por el hecho de que "anteriormente nunca habían puesto reparos a las canalizaciones soterradas".
Aumento de costes
Mientras tanto, la urbanización sigue paralizada y afecta, según el edil de Urbanismo, José Ramón González de Zárate, a más de 2.000 personas "que tienen dificultades para acceder a la playa porque no están hechos los viales" y al tráfico de la zona de Poniente. El retraso conlleva asimismo unos costes económicos superiores, el aumento de las tasas de urbanización e, incluso, "posibles problemas con la reparcelación". El concejal de Urbanismo lamentó que "la Administración central está paralizando el funcionamiento del Ayuntamiento". Este PAI comenzó sus obras en 2007.
En el Consistorio se quejan de que esta paralización perjudica los intereses de la ciudad y va contra la buena imagen de la localidad porque "hay muchos turistas que se ven afectados al tener que llegar a la playa de Poniente a través de descampados".
El otro recurso presentado ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ corresponde a la mercantil Residencial Siglo XXI, encargada de desarrollar el Plan Parcial Ciudad Médico Residencial, en la zona de Lliriet, junto al término de Finestrat. Este sector, que ocupa 43,7 hectáreas, prevé la construcción de 232 chalés de alto standing en sus 47.300 metros cuadrados útiles, y un mínimo de 12.000 metros dotacionales para servicios sanitarios privados.
En este caso, cuando la empresa empezó las labores de encauzamiento de un barranco la policía medioambiental se presentó en el lugar y paralizó los trabajos al entender, como en el caso anterior, que la canalización debía ser también en abierto. La solución "nunca llegó", según indicaron desde Urbanismo, y de ahí que la mercantil decidiera acudir a la justicia para recurrir contra la denegación de autorización para construir "una obra de paso con servicios varios sobre el barranco de Lliriet, muros de distinta naturaleza en zona de policía de dicho cauce público y vertidos de pluviales procedentes del sector PP 4/1".
