La Asociación Independiente de Comerciantes de Benidorm y Comarca, Aico, exige al Ayuntamiento que el mercadillo Pueblo desaparezca en el desarrollo del futuro plan parcial Armanello. Este zoco tiene licencia desde hace 26 años en virtud a una resolución judicial por silencio administrativo del propio Ayuntamiento y se ubica en unos terrenos afectados por el mencionado plan urbanístico.
La exigencia de los comerciantes se produce después de conocerse la resolución del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que ha acordado levantar la suspensión cautelar del citado plan parcial Armanello de Benidorm. La resolución se adopta en base al acuerdo alcanzado entre el urbanizador del mencionado polígono, Enrique Ortiz, y la familia Menargues, del que este diario informó la pasada semana. La clave del acuerdo, según ha trascendido, estaría en la permanencia del mercadillo Pueblo en su actual emplazamiento, sólo que con una parcela de siete mil metros cuadrados, frente a los 20.000 metros que ocupa en la actualidad.
El presidente de los comerciantes de Benidorm, Rafael Gasent, han mantenido dos reuniones con los responsables del urbanismo de Benidorm para conocer los extremos en que se produce el citado levantamiento cautelar, en base al acuerdo -adelantado por este diario- entre el urbanizador y Manuel Menargues, en nombre de la sociedad que explota el mercadillo y es propietario de terrenos afectados por el plan urbanístico, quien recurrió la adjudicación del citado polígono, y cuya clave sería el mantenimiento del zoco.
El concejal de Urbanismo, José Ramón González de Zárate, declinó ayer pronunciarse al respecto y se limitó a señalar que ahora lo que procede es ponerse a trabajar en el proyecto de reparcelación, negando que en el acuerdo se hable del mercadillo y señalando que lo único que se establece es que el promotor se reservaba el aprovechamiento de la totalidad del suelo calificado para uso terciario, y que en base al acuerdo, siete mil metros se cederán para su uso a la familia Menargues.
El plan parcial Armanello prevé la construcción de entre 16 y 20 rascacielos, con 3.800 viviendas, en un espacio de 680.000 metros cuadrados.
En la citada resolución del TSJ, comunicada a las partes el pasado 24 de octubre, hace referencia a un anterior pronunciamiento de la Audiencia de Alicante por la que considera "no probada la comisión de un delito de alteración de precios y estafa por parte de la sociedad Enrique Ortiz e Hijos y otros promotores alicantinos denunciados en el proceso de adjudicación del citado plan.
