El grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Benidorm presentó ayer por registro de entrada en el Consistorio las alegaciones contra el convenio urbanístico que pretende firmar el equipo de Gobierno del PP con el colegio privado Lope de Vega para la cesión del uso y explotación "de forma gratuita y por tiempo indefinido" de una parcela deportiva de titularidad municipal, con una superficie total de 10.159 metros cuadrados. Las alegaciones, que están suscritas por los doce ediles del grupo del PSPV-PSOE, recogen que el convenio prescinde "total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido", lo que, a su juicio, "implica la nulidad de pleno derecho".

El PP aprobó en solitario en el pleno municipal celebrado el 29 de agosto someter a exposición pública el documento de cesión de suelo al colegio Lope de Vega, que de hecho ya hace uso y gestiona dichas instalaciones desde hace 18 años, tal y como recordaron los socialistas. Este plazo de exposición concluyó ayer con la presentación de las alegaciones del PSOE para "garantizar la igualdad de acceso a unas pistas deportivas públicas" y de, al menos, un particular, según avanzó ayer la oposición.

El concejal socialista Jaime Llinares manifestó ayer que el documento vulnera la Ley Urbanística Valenciana (LUV), el Reglamento de Bienes y el Plan General de Ordenación Urbana, al tiempo que ha señalado que debería haberse tramitado "como adjudicación administrativa y no como convenio". En sus alegaciones, el PSOE critica que el documento concede un "uso privativo" al citado centro docente y estima que va en contra del "uso común correspondiente por igual a todos los ciudadanos indiscriminadamente" en un inmueble que es "bien de dominio público".

Según los socialistas, las concesiones administrativas "no podrán otorgarse en ningún caso por tiempo indefinido" y en el documento no aparecen las cláusulas a las que obliga el Reglamento de Bienes, como el plazo, canon, posibilidad de dejar sin efecto la concesión antes del vencimiento por incumplimiento del adjudicatario o las posibles sanciones. Llinares también indicó que la finalidad del convenio "no se corresponde con el objetivo que la legislación urbanística determina para los convenios urbanísticos" y que "las referencias al interés general son absolutamente inexistentes".

"Nada más contrario al interés general que pretender permitir la utilización de un bien de dominio público para un uso privativo sin ningún tipo de contraprestación económica a favor del Ayuntamiento", señaló. Por último, el edil socialista consideró "poco ético" que el colegio privado cobre a sus alumnos por el uso de unas instalaciones municipales y que pretenda, según afirmó, continuar haciéndolo sin que el Consistorio obtenga a cambio contrapartida alguna.