06 de marzo de 2020
06.03.2020

Crevillent exigirá que la contrata de recogida de enseres tenga el aval de Medio Ambiente

El Ayuntamiento saca a licitación por 210.000 euros anuales el servicio para eliminar residuos después de que se esté prestando desde hace cinco meses sin contrato

05.03.2020 | 22:22
Planta de recogida de Abornasa de Crevillent.

El PP reprocha al tripartito que la planta pueda estar instalada a 3 kilómetros del núcleo urbano.

Crevillent exigirá en la nueva contrata de recogida, recepción, depósito, tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos (muebles, enseres, podas y residuos industriales) que la empresa que opte a gestionar el servicio cuente con la autorización ambiental integrada por parte de la Conselleria de Medio Ambiente o en su defecto el título habilitante o instrumento de intervención ambiental para asegurar la protección del entorno.

Esta es la nueva cláusula que comprende el pliego técnico por el que se regirá el futuro servicio. En la actualidad Abornasa está haciéndose cargo de la gestión de estos residuos intertes aunque desde noviembre está actuando sin contrato, que venció. Por ello ha salido recientemente a licitación el servicio que podría costar más de 210.000 euros anuales, según está contemplado en el presupuesto municipal. Hasta el 25 de marzo las empresas interesadas podrán presentar su oferta. Desde el ejecutivo local indican que han optado por incluir la declaración ambiental integrada en el pliego para que se asegure el impacto que causaría esta gestión cerca de espacios naturales, a pesar de que señalan que es decisión municipal incluir este requisito porque la ley autonómica no obliga.

Es por ello que según este pliego, Abornasa tendría dificultades para concurrir ya que a pesar de contar con licencia ambiental no dispone de esta autorización integrada, a pesar de que la lleva solicitando desde hace años, cuando comenzaron los pleitos en los juzgados contra la Generalitat para obtenerla. En mayo de 2019, durante el último mes de gobierno del PP, ya se intentó renovar la contrata por dos años más. En esta fecha salió a licitación el servicio pero el concurso quedó desierto. Sin embargo, desde el tripartito aseguran que esta vez sí esperan que se presenten empresas ya que algunas se han puesto en contacto con el Consistorio. La concejal de Servicios Públicos, Noemí Candela, señala que se va a encarecer el precio por tonelada por lo que el contrato costará unos 30.000 euros más frente a los 183.000 euros del montante actual que se paga. Desde el equipo de gobierno explican que el precio por la gestión de los residuos es variable y también pretenden que la oferta sea atractiva a empresas que no están tan cerca de Crevillent, teniendo en cuenta que la planta de Abornasa es de las pocas opciones que hay a menos de 6 kilómetros.

En este sentido, las cláusulas del contrato marcan que podrá optar cualquier empresa, aunque si se superan los 10 kilómetros desde el núcleo urbano la mercantil tendría que asumir el coste del transporte que sobrepasa, que supondrá más de 1,50 euros por cada kilómetro más. En cuanto a distancia mínima, el pliego marca también que en ningún caso podrá instalarse una planta de este tipo a menos de 3 kilómetros del núcleo urbano.

Críticas


En este sentido, desde el PP critican al tripartito por no haber ampliado este perímetro. El exalcalde, César Asencio, señala que los partidos que ahora componen el tripartito (Compromís, l'Esquerra y PSOE) criticaban durante su gestión que se estableciese una planta cerca del municipio y colindante con entornos como el Parque Natural del Hondo, por lo que ahora no entienden desde la oposición por qué se mantiene esta distancia. Los populares aprovechan también para reprocharle al equipo de gobierno falta de coherencia política porque «ahora que están en el gobierno no ordenan el cierre de la planta de Abornasa cuando el contrato fue objeto de una querella en la que no pedían multa ni reprobación si no cárcel por llevar las basuras allí», denuncian desde el PP en base a la querella que en su día presentaron dos ediles de l'Esquerra contra César Asencio tras detectar irregularidades en varias prórrogas del contrato desde 1996. La causa quedó archivada en 2018 ya que el Juzgado de Instrucción número 4 de Elche consideró que no quedaba debidamente justificada la perpetración de un recurso contra el medio ambiente.

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