El Consell Jurídic Consultiu de la Comunidad Valenciana ha resuelto que el nombramiento por el Ayuntamiento de Santa Pola de un inspector de la Policía Local, que se encuentra en prácticas, es nulo de derecho porque se incumplieron los cauces legales en el anterior mandato. Un reciente informe vinculante de este órgano consultivo apunta que el requisito para que el funcionario pudiese ocupar este cargo era realizar un curso selectivo del Instituto de Seguridad de la Comunidad Valenciana (IVASPE), de contenido teórico práctico, antes de ser nombrado, y que no hizo. El ejecutivo local dio cuenta ayer en el pleno de este informe que llevaba esperando desde diciembre. Con este dictamen el equipo de gobierno del PP señaló que piensa dejar sin efecto el decreto del nombramiento y procederá a su cese. Este policía es el único que superó las pruebas selectivas y uno de los tres funcionarios protegido por la Agencia Valenciana Antifraude ya que de sus declaraciones se abrieron varias causas por supuesta corrupción durante la gestión del PP, que siguen investigándose, como el «caso uniformes».

El PSOE reprochó ayer al PP que se presentase este informe fuera del orden del día y votó en contra porque dudó de la resolución de este órgano consultivo. El edil Lorenzo Andreu señaló que el policía podría haber realizado la formación en noviembre, cuando solicitó su inscripción en el IVASPE como medida cautelarísima. El equipo de gobierno lo rechazó con base en que consideraba que de los recursos presentados contra su nobramiento no quedaba claro si la plaza era suya. De hecho, el funcionario llegó a quejarse de su situación a ala Agencia Antifraude. Los socialistas llegaron a insinuar, incluso, que esa decisión era una revancha política, por lo que la regidora reprobó el comentario del PSOE y aseguró que tanto ella como su equipo de gobierno se han sentido acosados por parte de este funcionario, que según Serrano, ha remitido al Consistorio más de 80 escritos en los últimos seis meses y ayer envió un registro de entrada en el Ayuntamiento avisando que ha interpuesto una denuncia contra la primera edil y contra la concejal de Personal, Ana Blasco, la de Urbanismo, Trinidad Ortiz, (que firmó el decreto que reabría el concurso oposición para estudiar las alegaciones de otros opositores), y la jefa de Recursos Humanos, según señalaba ayer la alcaldesa.

Mociones

En otro orden de cosas, al inicio del pleno la corporación al completo se sumó a la declaración institucional por el 8M de la Federación de Municipios y Provincias. En cuanto a mociones, se aprobó la propuesta de Cs para que el Ayuntamiento estudie si se adhiere a la Red de Ciudades por la bicicleta para formar a los funcionarios en algunos aspectos como el biciregistro. Por unanimidad salió adelante la petición de Compromís para instar al Consell a que se tenga en cuenta a Santa Pola en el trazado futuro del Tram a su paso por el litoral. El apoyo también fue unánime en la propuesta de Vox para sumarse al Día Europeo de la Memoria del Holocausto así como la moción del PSOE para que se incorporen pasos de peatones con pictogramas para personas autistas. El PP, sin embargo, tumbó la reclamación de los socialistas para que la Diputación de Alicante participe en el Fondo Autonómico de Cooperación Municipal.

Santa Pola pierde más de 940.000 euros de subvención para la DANA

Frente común para que el Consell pague cerca de un millón de euros de ayudas tras la DANA. El PP presentó ayer una moción in voce, apoyada por todos los grupos municipales, para reclamar al gobierno autonómico que vuelvan a habilitarse las ayudas para reparar los daños del temporal. A Santa Pola se le concedieron más de 1,5 millones pero una gran parte de ese montante, más de 941.700 euros, no pudieron justificarse entre el 11 y 20 de septiembre, fecha que marcaban las bases de las ayudas, por lo que el Ayuntamiento se ha quedado sin esa parte concedida y por ahora les obligará a asumir ciertas reparaciones urgentes de cara a Semana Santa. Los populares instaron al gobierno de Ximo Puig, además, a mejorar las infraestructuras del litoral para que estén adaptadas ante nuevos temporales.