11 de enero de 2020
11.01.2020

Crevillent actualizará el proyecto de 2003 del polígono La Cerámica para acabar de urbanizarlo

El Ayuntamiento encarga revisar el plan de hace quince años en la zona industrial tras un nuevo requerimiento del Tribunal Superior a la Administración local para terminar las obras y cumplir la sentencia

10.01.2020 | 22:20
Una de las zonas sin urbanizar del polígono de La Cerámica de Crevillent, en imagen de archivo.

Los trabajos costarán 1,3 millones, que devolverán después los propietarios.

El Ayuntamiento de Crevillent ha dado un paso adelante para cumplir la sentencia que ratificó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ-CV) por la que insta a la Administración local a terminar las obras de urbanización del polígono de La Cerámica, que llevan años paralizadas. El Consistorio ha sacado a licitación esta semana unos trabajos de ingeniería por 96.800 euros para actualizar el plan urbanístico de 2003 de esta zona de expansión industrial. La modificación en el proyecto inicial es esencial para que puedan culminarse las obras, teniendo en cuenta que han pasado 15 años desde que empezó a ejecutarse el polígono y las actuaciones deben cumplir la normativa actual, así como corregirse algunas deficiencias que ya se detectaron en varios informes entre 2014 y 2017.

A pesar de los cambios, una de las cláusulas del pliego remarca que deben respetarse las condiciones del primer proyecto. En los últimos días, además, la Administración local ha recibido un auto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 1 de Elche que pide al Consistorio elaborar un cronograma de todas las actuaciones pendientes para que asegure que cumplirá la sentencia y se hará cargo de la urbanización sobre este enclave de 129.000 metros cuadrados. Por ello, el pliego técnico contempla que entre las intervenciones se deberán demoler todas aquellas edificaciones y construcciones que estén fuera de ordenación o que resulten incompatibles con las obras proyectadas. También que se reparen todas las instalaciones que durante el paso de los años hayan sufrido asentamientos y desperfectos, además de urbanizar la última fase que está pendiente. Otra de las inversiones será la conexión de la red de saneamiento del polígono a la del alcantarillado municipal. Para actualizar el proyecto también se contempla que el alumbrado esté adaptado a la nueva normativa, se adecuen zonas verdes y se vuelva a pavimentar el polígono.

Ya en 2018 los técnicos municipales estimaban que los gastos de urbanización serían de 1,2 millones, ya que en su momento se hizo una auditoría con informes de Hidraqua y Cooperativa Eléctrica. En este mismo pliego la estimacióncrece unos 120.000 euros incluyendo los gastos generales y el beneficio industrial.

Este montante millonario no está contemplado como partida en los presupuestos municipales, ahora en fase de alegaciones, según indican fuentes del ejecutivo local, por lo que siguen estudiando la fórmula de asumir las obras. En septiembre de 2018 el pleno aprobaba la ejecución subsidiaria de la finalización de la urbanización por incumplimiento de la Agrupación de Interés Urbanístico de este sector industrial. El Ayuntamiento se comprometía a realizar las obras y cobrarle después a los propietarios una cuota porque éstos alegaban que no tenían capacidad económica para activar el sector. La competencia, por tanto, delega en el Ayuntamiento después de los requerimientos del juzgado y para estar en contacto con los titulares de los terrenos el mismo pleno aprobó, también, hace más de un año, que se iniciara un expediente para diseñar un censo de propietarios.

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Hasta el 20 de enero las empresas podrán presentar la mejor oferta para actualizar esta memoria municipal. En cuanto a plazos, se prevé que en tres meses se redacte el proyecto y que las obras se prolonguen durante un año. Sin embargo, desde el tripartito están estudiando cómo ejecutar la urbanización en un año y disponer de ese montante para acometer la ejecución subsidiaria.

En cuanto a los antecedentes, en 2012 uno de los propietarios interpuso un recurso contencioso administrativo contra el Ayuntamiento exponiendo que no podía obtener la licencia de actividad porque ni habían concluido las obras ni se habían recepcionado y el convenio había caducado. El juzgado admitía la inactividad del Consistorio por no exigir al agente urbanizador que se cumpliesen los plazos del convenio de obras y en 2016 instaba en una sentencia al Ayuntamiento a actuar por abandonar sus funciones de tutela y vigilancia para ejecutar la urbanización, ya que tendría que haber declarado la caducidad del convenio o haber penalizado al agente urbanizador. El Ayuntamiento interpuso un recurso contra la sentencia pero el TSJ-CV desestimó los argumentos del Consistorio.

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