«La justicia es lenta, pero llega». Así de claro se muestra el presidente del Club de Atletismo de Santa Pola, Roque Alemán, al valorar los últimos fallos judiciales en torno a la «guerra» abierta entre el anterior gobierno municipal de la ciudad y la entidad deportiva. Las resoluciones de los jueces comienzan a darle la razón al Club de Atletismo en forma de sentencia condenatoria contra el Ayuntamiento y en dos archivos de denuncia que presentaron los exediles Ignacio y Francisco Soler así como la exalcaldesa Yolanda Seva, contra el club y su directiva.
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Elche daba a conocer una sentencia hace unos días en la que estima el recurso interpuesto por el Club de Atletismo de Santa Pola para que el Ayuntamiento les devolviera el dinero que le obligó a pagar en 2016 con motivo del abono del 50% del coste de los gastos de los servicios extraordinarios de la Policía Local en la XXVII Mitja Marató Internacional.
La jueza titular reconoce que la institución municipal desglosa el coste del trabajo de los agentes «pero sin motivar, ni especificar, ni argumentar razonamiento jurídico o normativo alguno que sustente tal desglose. Es más, ni tan siquiera se aporta o acompaña un informe previo o posterior que asesore, controle y fiscalice tal desglose económico». En el fallo se cita textualmente que «se modificó el criterio seguido, que era el de no imponer tasa en las ediciones anteriores». Además, existe «falta de jusficación de las actividades concretas que han generado el devengo de la tasa», y cita como fundamento legal que «no se puede sustentar la imposición de la tasa local por un informe de la jefa del Negociado de Personal y por un informe de la jefa de Servicios de Recursos Humanos, máxime cuando sus funciones no son precisamente las propias de los actos de gestión tributaria ni de los tributos locales».
Por todo ello, la juez reconoce el derecho del club a percibir del Ayuntamiento la suma de 5.613 euros, más los intereses legales, desde la solicitud (22 de septiembre de 2017), e impone las costas a la parte demandada, fijando su cuantía en un máximo de 300 euros. La sentencia es firme y no cabe contra ella recurso ordinario de apelación.
La Junta Directiva de la entidad deportiva emitía ayer un comunicado en el que lamenta que «han sido cuatro años muy duros para un club con más de 30 años de historia y que ha hecho muchísimo por el pueblo de Santa Pola». El presidente señala que «personalmente me estoy defendiendo de hasta cinco denuncias judiciales presentadas por la exalcaldesa Yolanda Seva y los dos concejales tránsfugas Ignacio Soler y Francisco Soler. Toda una persecución política que cada día se ve con mayor claridad y que los juzgados van a ir sacando a la luz poco a poco».
Dos archivos
Además de la sentencia, el club ha conocido recientemente el archivo de dos causas contra la entidad y la directiva. La primera era archivada por el juzgado de instrucción 3 de Elche y fue presentada por los exediles Ignacio y Francisco Soler dos días antes de la celebración del juicio por injurias y amenazas por denuncia del presidente Alemán contra el segundo de ellos. Estos exconcejales, que dejaron su formación política y facilitaron el gobierno municipal de cinco partidos en Santa Pola, acusaron a los dirigentes del club de enriquecimiento personal con los eventos que se organizaban y que todos eran adjudicados a ellos. El juez desestima esas acusaciones como también lo hace el juzgado de instrucción 1 de Elche con las de la exalcaldesa Seva, que los acusó de obstrucción a la Justicia porque, según denunciaba, le estaban intentando obligar a retirar denuncias anteriores para organizar la prueba.
Resoluciones pendientes
El club sigue pendiente de otras resoluciones judiciales «que con seguridad nos harán justicia», destaca Alemán, quien anuncia que «ejerceremos las acciones legales que estimemos oportunas para determinar si de la sentencia que acabamos de recibir pueden derivarse responsabilidades penales que con seguridad denunciaremos».
«Hemos perdido prestigio y ahora hemos recuperado una prueba que dejamos con 8.100 particpantes y que nos han devuelto con 3.400 en solo dos años», expone el club, quien concluye asegurando que «nuestra intención es causar el más mínimo perjuicio a nuestro Ayuntamiento y por ello nos gustaría que los ciudadanos exigieran que todos los gastos económicos que se deriven de las sentencias fuesen pagados por aquellos que con tan mala fe han obrado».
