29 de noviembre de 2019
29.11.2019
Santa Pola

Un decreto paraliza el curso de ascenso de un agente protegido

La alcaldesa estima el recurso de otro opositor a la plaza de inspector de la Policía Local, pese al informe en contra del secretario - La Agencia Antifraude advirtió hace dos semanas a la regidora de que debía inscribirlo

28.11.2019 | 20:22
Sede de la Policía Local de Santa Pola.

La alcaldesa de Santa Pola, Loreto Serrano, firmó el día 21 un decreto por el que se reabría un concurso para proveer una plaza de inspector de la Policía Local que meses antes había tenido como ganador a un agente que desde agosto está protegido por la Agencia Valenciana Antifraude. El funcionario interino, como última fase del proceso para tomar posesión de su plaza, debería haberse incorporado el pasado lunes al curso selectivo de formación en el Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (IVASPE), algo que no se ha producido. El agente es uno de los tres trabajadores que tienen en el Ayuntamiento de Santa Pola la protección del organismo que previene y lucha contra el fraude porque de sus declaraciones se abrieron varias causas por supuesta corrupción municipal durante la gestión del PP que se están investigando; una de ellas, es el caso uniformes.

El asunto trascendió el martes en el pleno, a través de una pregunta del grupo municipal socialista, a la sazón la formación que convocó aquella plaza cuando gobernaba Yolanda Seva al frente de un tripartito. El PSOE reprochó a la regidora el decreto y ella se defendió asegurando que no se iba a saltar los informes que, entendía, obligan a volver a rebaremar la última de las pruebas (eliminando las preguntas anuladas tras el recurso) y que habían dejado como único aprobado a dicho agente. Dos semanas antes de dictar el decreto, la Agencia Antifraude recordó a la regidora que su Ayuntamiento tenía el deber de colaboración con ellos y directamente se refería al hecho de que el policía hubiera ganado una plaza por turno libre, «resultando ser el único aspirante que superó estas pruebas selectivas», recordaba. Así, se le requería a que antes del 18 de noviembre se cursara su correspondiente inscripción en el XLIII Curso de Acceso a la Escala Técnica, «dando cuenta de forma inmediata a esta agencia».

El decreto de la Alcaldía se firmó tres días después y es el documento en el que se ampara la regidora para no haber hecho aquello que se le requería por la Agencia. En él se da cuenta del recurso que ha ido presentando desde mayo otro aspirante a la plaza después de que fuese dada al que era el único que había superado todas las pruebas. El pasado día 15 de noviembre, recoge el decreto, se reunió el tribunal para volver a calificar el examen del aspirante que había recurrido y tras admitir que se habían cometido errores, su puntuación solo pasaba de 4,8 a 4,87; es decir, seguía suspendido.

Tres días más tarde, la jefa de asesoramiento jurídico del Ayuntamiento realizó un informe en el que sí estaba de acuerdo con el recurso, «en mi opinión jurídica -decía- debe ser admitido en dichos extremos, procediendo a la nueva correción de todos los ejercicios teniendo en cuenta la anulación de las preguntas señaladas o su nueva opción válida....» y añadía: «no obstante, este informe es únicamente mi consideración jurídica de las alegaciones formuladas por el recurrente, por lo que deben ser ratificadas por la jefa de Recursos Humanos y el secretario general del Ayuntamiento».

Dos días más tarde, la alcaldesa solicitó informe y la jefa de Recursos Humanos dijo que la correción hecha por el tribunal del recurrente era errónea y el resultado hubiera debido ser 4,9 (también suspenso). Ahora bien, atendió otra reclamación, como era que el tiempo entre prueba y prueba debería haber sido el suficiente para garantizar la revisión, lo cual no se cumplió. «El tribunal ha incumplido las bases», fallaba, porque al aspirante no se le dio la oportunidad de revisar su ejercicio, «derecho que viene garantizado en las bases de la convocatoria», concluía.

Por su parte, el secretario manifestó su disconformidad con el decreto porque «ni la asesora jurídica provisional y (sic) la jefa de servicio de Recursos Humanos tienen competencia para sustituir o corregir la discrecionalidad técnica del órgano de selección». Y, a pesar de su opinión, la regidora firmó el decreto para que no sólo se revise el examen del recurrente, sino los del resto de aspirantes para el caso de, si alguno es aprobado, seguir adelante con la fase de selección.

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