La Guardia Civil de Santa Pola recibirá la medalla escudo de la villa marinera por sus 175 años de historia en la localidad en un acto oficial el próximo 6 de diciembre, aprovechando que es el día de la Constitución Española. En ese mismo encuentro se rendirá tributo también a todas las mujeres que se incorporaron hace tres décadas al cuerpo. Del mismo modo, la Cofradía de Pescadores también recibirá este máximo galardón por cumplir cien años, por lo que se realizará un acto especial el próximo 8 de diciembre para homenajear a todos los marineros que han formado y forman parte de la entidad.
Estos son los primeros acuerdos a los que se llegó ayer al inicio del pleno, después de que varias mociones se transformaran en un apoyo a la Federación de Municipios y Provincias en la declaración institucional contra la violencia de género, teniendo en cuenta que en otros municipios no ha habido unanimidad al desvincularse Vox, aunque en este caso la edil del partido de Santiago Abascal en Santa Pola también se sumó.
Fue la concejal de Vox, Mireia Moya, quien presentó también una moción para que se suprima la asignación de 9.700 euros que da el Ayuntamiento a los grupos políticos para gastos de oficina porque entendía que no hay un control sobre ese dinero y que es suficiente el gasto público para pagar a los concejales. Finalmente se aprobó una enmienda por unanimidad por la que se retiraba ese importe en el presupuesto prorrogado de este año, que irá a parar a «actuaciones sociales dada la situación que tenemos con el plan de ajuste», según explicaban desde el PP. Aún y así, desde el equipo de gobierno indicaron que a partir de 2020 se estudiará esta partida y la forma en la que se gestionará, aunque no afimaron que se vaya a eliminar de las futuras cuentas. Después la sesión no estuvo exenta de ciertos reproches entre el PSOE y el PP por cuestiones de escala nacional como las políticas educativas y la libertad de elección de centros, ya que hasta la controvertida ley de plurilingüismo se coló entre las bancadas del Consistorio o incluso la Religión Islámica, y todo al hilo de la moción que presentó el ejecutivo y salió adelante en la misma línea de lo que han hecho los populares en otros municipios para proteger todos los tipos de enseñanza como la concertada. Por otro lado, la corporación apoyó la propuesta de Ciudadanos para instar a Fomento para que se mantenga el servicio actual de helicóptero de Salvamento marítimo y no se apliquen las nuevas guardias previstas, por las que el servicio, con base en València, tardaría más en llegar a ser efectivo en caso de una emergencia en Santa Pola. Sin embargo, el ejecutivo local tumbó la moción de Compromís de recargar un 50% el IBI a aquellas personas o empresas que tengan diez o más viviendas vacías, y también se opusieron a que el Ayuntamiento entre en las subastas de bancos para adquirir viviendas con fines sociales, ya que desde el equipo de gobierno entendían que son competencias impropias de la Administración Local y que ya se está negociando desde la Oficina de Vivienda con bancos para buscar salida a casas vacías.
Decreto
Al final del pleno, ya en el turno de ruegos, el PSOE reprochó al ejecutivo que se estuviese intentando vulnerar la figura del jefe de la Policía Local en prácticas, el único que aprobó las pruebas selectivas y que está protegido por posibles represalias laborales por la Agencia Antifraude al haber colaborado aportando pruebas en la instrucción del caso de los uniformes. Criticaron que se haya emitido en los últimos días un decreto con informes de técnicos a pesar de contar con la oposición del Secretario municipal que considera que se incumple el reciente auto de medidas cautelarísimas sobre la investigación. El decreto estima parcialmente el recurso de uno de los opositores que suspendió los exámenes para esta plaza y busca que le revisen parte del examen. La alcaldesa señaló que el decreto se toma para que no haya aspirantes que impugnen el proceso y que se deben a los informes técnicos, «por lo que no me voy a saltar nada». Desde el ejecutivo afirmaron que se ha cumplido el acta judicial y que el funcionario protegido por Antifraude está inscrito en el curso del Ivaspe, necesario para su puesto de inspector.
Un afectado por los despidos en Colaboración Social pide explicaciones
Al final del pleno uno de los vecinos de Santa Pola reprendió a la corporación municipal por haber perdido su trabajo en el Ayuntamiento en forma de colaboración social tras el déficit de cerca de 800.000 euros que registró la Administración local en el área de Personal y que ha obligado a despedir a una buena parte de los trabajadores, que finalmente serán menos de 120 tal y como aseguraron ayer en el pleno desde el ejecutivo. El ex trabajador pidió que se depuren responsabilidades, incluso por la vía judicial. Serrano arremetió contra el anterior gobierno por haber heredado esta situación y reconoció que estos despidos han sido uno de los momentos más duros en su carrera política.
