El Ayuntamiento de Santa Pola derivará a Suma el cobro de la plusvalía para reducir la carga de trabajo que tienen los técnicos, que hasta ahora se encargan de tramitar este impuesto, y para desatascar las 3.500 escrituras que siguen sin resolverse por parte de particulares. Este es el acuerdo que aprobó ayer el pleno, con la abstención de los socialistas y el voto en contra de Compromís, para sacar adelante la propuesta del ejecutivo local para mejorar la eficacia, ya que el ejecutivo estima que la Administración local sigue sin ingresar entre 600.000 y 900.000 euros desde el pasado mes de julio de 2018.
Según el portavoz del PP, José Pedro Martínez, el personal de rentas «está en cuadros» porque hay dos técnicos que se han jubilado y no se han repuesto, y ello sumado a la incapacidad actual para contratar nuevo personal dificulta que este impuesto pueda tramitarse correctamente, por lo que entendían que la derivación del servicio solo traería facilidades ya que los funcionarios se liberarán de carga de trabajo para dedicarse a otras funciones y desde Suma contarán con personal específico que atendieda a los vecinos e incluso la alcaldesa, Loreto Serrano, destacó que han exigido a Suma que amplie las instalaciones para que el servicio se preste con garantías.
Desde el PSOE fueron escépticos durante la sesión ya que sostienen que era más rentable contratar más personal y que el trámite pueda seguir resolviéndose de forma municipalizada. Desde Compromís compartieron este argumento a través de la concejal Anna Antón, que precisamente ayer prometía su cargo después de que Alejandro Escalada, el único edil que tenía representación, abandonase el acta de concejal en el anterior pleno y dejara la primera línea para dedicarse a otros retos profesionales. Sobre las alegaciones de la oposición, desde el ejecutivo insistieron en que esta alternativa es la más viable ya que resulta más económico derivar a Suma que contratar a nuevo personal, que según el PP también están limitados por ley y en ese caso supondría contratar también a un asesor jurídico que depure las reclamaciones acumuladas con las que cuenta el Ayuntamiento. Informaron, además, que esperan negociar con Suma para que las comisiones por gestionar este impuesto bajen al 2,3%.
Incumplimiento
También se expuso al resto de grupos las conclusiones del plan económico financiero que ha estado elaborando en los últimos meses una empresa externa después de que el Consistorio haya incumplido la regla de gasto en más de 3 millones de euros en 2018 cuando gobernaba el cuatripartito, a los que ha tenido que hacer frente el Consistorio. Este desajuste se deriva del allanamiento judicial que ha tenido que pagar la Administración local a la promotora del centro José Tovar, que exigía el pago de 2,1 millones por construir el edificio más intereses por haber disfrutado el municipio durante más de diez años del inmueble.
El ejecutivo alarmaba de que esta desviación en las cuentas limitará que puedan otorgarse «subvenciones como las deportivas y otras que por ley vienen definidas como competencias impropias» hasta que no se reequilibren las cuentas en el próximo ejercicio, indicaban. Los socialistas reprocharon al ejecutivo que este déficit se iniciase con una mala gestión de los populares en otros mandatos, mientras que el PP se revolvió alegando que el cuatripartito liderado por la socialista Yolanda Seva «no peleó por los intereses del pueblo», ya que insistieron en que el edificio José Tovar se pagó porque se hizo una permuta a cambio de aprovechamiento urbanístico y que la empresa incumplió «y con un acuerdo opaco con la empresa firmaron para pagar», acusaban los populares al anterior gobierno. Incluso Serrano alegó que el Tribunal de Cuentas solicitó información del pleno en el que se aprobó el allanamiento «porque hay informes con reparos a ese pago por falta de consignación presupuestaria».
Entre otros temas, se aprobó una moción de VOX por unanimidad para arreglar los parques infantiles para que sean más inclusivos. También salió adelante por todos los grupos, excepto Compromís, otra moción para apoyar la labor de los cuerpos de Seguridad del estado en los disturbios de Cataluña y condenar la violencia. La coalición alegaba que también condena la violencia pero no procedía la moción porque «echa más leña al fuego».
Seva abandona
La tensión subió por momentos una hora antes del final del pleno, ya en los ruegos y preguntas, la exalcaldesa, Yolanda Seva, y el edil Antonio Pomares, también del PSOE, abandonaron el salón con llamadas al orden y gritos del público porque se sintieron atacados cuando el edil de Cultura, Jorge Díez, criticó la gestión del anterior gobierno, en referencia a ellos, porque habían dejado «un marrón» de más de 100.000 euros que no se han podido justificar para la subvención arqueológica del Portus.
El nombramiento del inspector en prácticas se elevará a Antifraude
El PSOE acusa a los populares de querer causar perjuicios al funcionario y la alcaldesa solo quiere la conclusión de expertos
El pleno comenzó ayer con choque de acusaciones entre el equipo de gobierno y el PSOE y el foco de la polémica era el nombramiento del inspector de policía en prácticas, que está protegido por la Agencia Valenciana Antifraude por colaborar aportando información en el caso Uniformes.
El ejecutivo presentó ayer una propuesta para que sea el Consell Jurídic Consultiu quien revise si el nombramiento de este funcionario es correcto o no. Las conclusiones que se extraigan de este órgano irán remitidas a la Agencia Valenciana Antifraude, por petición de la propia edil de Personal, Ana Blasco, según señaló ayer en el pleno después de que ediles del PSOE aludieran a que este funcionario está protegido por Antifraude y esta revisión «podría ser considerada acoso y acarrearía una multa (...) además presuntamente es una venganza para causar perjuicio a esa persona que fue el único que aprobó la oposición», denunciaban los socialistas, al hilo que acusaban al PP de tratos de favor hace diez años hacia ciertos funcionarios. Estas declaraciones terminaron desencadenando que la alcaldesa recriminase a la oposición las insinuaciones y que las tildase de «vergonzosas». Serrano desmintió las acusaciones y aclaró que no han abierto ningún expediente contra nadie y que sólo quieren resolver dudas ante un órgano superior para actuar sobre el caso. Hay varios informes que podrían contradecirse sobre si el Ayuntamiento puede disponer de un funcionario en prácticas. Reseñaban que el secretario municipal indica que es lícita la revisión de este nombramiento, ya que al parecer ni en la normativa de selección de policías a nivel autonómico ni en las bases del proceso de selección se prevé la figura de un funcionario en prácticas,ya que solo cabría ese nombramiento si el funcionario realiza el curso acreditativo del órgano autonómico del IVASPE.
