La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado dos años de prisión para el jefe de la Policía Local de Santa Pola, José Miguel Zaragoza, el oficial Roque Alemañ y el exedil de Policía de la localidad, Antonio Pérez Huertas (PP), por un delito de prevaricación administrativa y fraude continuado por la adquisición de uniformes para la Jefatura local de forma fraudulenta, según el escrito de calificación al que ha tenido acceso este diario. El fiscal también acusa a tres empresarios, responsables del entramado empresarial a quienes se encargaba la ropa de los agentes, por el mismo delito, por lo que también se enfrentan a dos años de cárcel. Los acusados siempre han defendido su inocencia.

En la presunta trama, según el Ministerio Público, habría otros dos implicados, quien fuera concejal de Policía en de 2007 a 2011 (Antonio García), y otro funcionario de la Policía Local, adscrito en el momento de los hechos a labores de administración, que se enfrentana un año de prisión. Según el fiscal Anticorrupción, durante el periodo comprendido de 2008 a 2014, los acusados procedieron a «fraccionar» los contratos de «suministro de uniformidad y otras prendas» de la Jefatura, «dividiendo el precio de esta misma prestación en diversas facturas (...) que permitiría su adjudicación directa como contrato menor de servicios» al no superar los 18.000 euros más IVA.

Para ello, habrían facturado a diversas empresas, «que formaban parte de un mismo grupo y que eran en todo caso dirigidas por las mismas personas» un total de 183.645,04 euros. El fiscal recoge en su escrito los diferentes contratos suscritos con estas mercantiles. Sin embargo, los importes facturados «no coinciden con los que figuran en una hoja contable que envió» el exedil de Policía a Roque Alemañ, y que este a su vez remitió a José Miguel Zaragoza, según el registro de los ordenadores incautados por la UDEF, indicando que eran las cantidades que se adeudaban a una de las empresas de la trama, y en el que mencionaban un total pendiente de facturar de 27.664 euros.

Dicha deuda, asegura Anticorrupción, «se correspondía con una serie de peticiones de uniformidad efectuadas de 2008 a 2011 fuera de cualquier procedimiento legal(...), deuda a la que se restan las facturas expuestas a los efectos de reducir el importe de la misma». La acusación pública va más allá y asegura que estas facturas correspondientes a contratos menores «no tenían la finalidad de surtir de uniformidad a los agentes (...), sino que su finalidad última es la de conseguir un desembolso económico por parte del Ayuntamiento a favor de» las mercantiles.

Así, se habrían creado tres expedientes fantasma, de los que no consta que se entregaran los uniformes contratados. El fiscal recoge en su escrito correos electrónicos intercambiados entre los acusados, que probarían su tesis. Entre ellos recoge cómo trataron de regularizar esta situación, haciendo referencia a que querían consultar a la interventora cómo resolverlo «pero yo creo que eso sería un suicidio, porque si se entera que se han firmado entregas de uniformidad sin haberse producido éstas, etc... como menos se irá a la Guardia Civil», dice. Esto, precisamente, es lo que hizo el anterior gobierno socialista cuando entró a gobernar en el Ayuntamiento de Santa Pola y descubrió los primeros indicios de estas irregularidades, denunciar. El Ayuntamiento se ha personado en la causa como acusación particular, y llegó a pedir hasta tres años de prisión para Zaragoza y los dos exediles populares.No obstante, el letrado del Consistorio dimitió tras la entrada del PP, de nuevo, el pasado mes de junio.