Visto para sentencia. Así quedó ayer el juicio del ya conocido como caso de La Dolorosa, que juzga una presunta apropiación indebida por parte de la junta directiva de la cofradía al repartir cinco millones de euros procedentes del premio de la lotería. El abogado de la acusación particular, integrada por nueve personas que argumentan que eran cofrades en el momento en el que tocó la lotería y que se quedaron fuera de este reparto, rebajó ayer la pena para seis de los nueve acusados en el caso. En su escrito de acusación provisional pedía ocho años de prisión para cada uno (seis años por apropiación indebida y dos por falsedad documental), pero ayer, una vez finalizado el juicio y a la hora de exponer las conclusiones finales, rebajó a la mitad esta petición de condena para seis de los nueve investigados. Sí la mantuvo para la presidenta de la asociación, la tesorera y la secretaria, al entender que sobre ellas recayó el peso de la decisión de repartir el premio, ya que el resto eran vocales y cargos con menor relevancia.

La Fiscalía, por su parte, no solo mantuvo su escrito de calificación provisional, en el que ya pedía la absolución de todos los acusados, sino que realizó un duro alegato en defensa de los acusados, más incluso que el de los abogados defensores, en el que llegó a cargar incluso contra los denunciantes y su verdadera legitimación a la hora de interponer la denuncia. Hasta ahora estos han sostenido que lo hacían por el bien de la Cofradía, para devolver el dinero que le pertenecía, y no para cobrar su parte. Un extremo que según el fiscal, «no se cree ni Dios, no se lo cree ni la Virgen de los Dolores. No se lo cree nadie». Una creencia, añadió, que podría pasar por una simple opinión si no fuera, argumentó, por la declaración de uno de los testigos, en la que sostuvo que en la reunión que se celebró para interponer la denuncia, se reconoció que «sabían que no iba a llegar a nada, que no tendría ningún recorrido, pero era una forma de presionar a la junta directiva para que los incluyera (a los denunciantes) en la lista del reparto del premio», que llegó a 156 socios. Llegados a este punto, echó en cara la «utilización de la justicia con fines espurios, más aún en nombre de una Virgen».

La de ayer fue la cuarta sesión del juicio, tras haberse suspendido hasta en tres ocasiones, y durante la mañana continuaron declarando testigos de ambas partes con el principal fin de dilucidar dos cuestiones clave en este caso: a quién le tocó realmente el décimo (si a la Cofradía o a los cofrades), y quién era y quién no socio de la entidad cuando en enero de 2011 la suerte llamó a sus puertas.

La acusación particular sostiene que la agraciada fue la Cofradía, y defienden que ellos formaban parte de la misma pese a llevar tiempo sin participar en sus actos o pagar las cuotas, porque nunca se les había expulsado oficialmente, pese a que los estatutos recogen que causarán baja aquellos que lleven dos años sin pagar.

No obstante, el Ministerio Público sostuvo que a la hora de elaborar el listado de socios con derecho a cobro no hubo mala fe, pues familiares de los miembros de la junta directiva que estaban acusados declararon que dejaron de pertenecer a la entidad años antes de que tocara el premio y, como los denunciantes, también quedaron excluidos del reparto. «Con un poco de mala fe, hijos y familiares también hubieran sido incluidos, y no lo fueron. Si se amañaron las listas de socios, tampoco se cree nadie que no fueran incluidos», concluyó el fiscal.

La acusación, por su parte, sostuvo que sí se amañaron listados y actas de las reuniones en las que se abordó el reparto para incluir a gente que no formaba parte de la Cofradía. Ahora solo cabe esperar la sentencia, que se espera para las próximas semanas.