El Consistorio de Santa Pola no seguirá como acusación particular en el caso de la uniformidad de la Policía Local, que sigue investigándose en el juzgado de Instrucción número 5 de Elche, porque un nuevo letrado contratado por el Ayuntamiento no ve causa penal. Así lo confirmaba ayer la alcaldesa, Loreto Serrano, tras anunciar a este diario que el nuevo abogado especializado en Derecho Penal, Administrativo y Urbanístico ha elevado un dictamen en el que no ve causa penal en este procedimiento que inició el anterior cuatripartito liderado por el PSOE, si no que considera que en un principio debería haberse llevado por la vía administrativa a nivel interno del Consistorio para que los funcionarios de la Policía hubieran podido aportar la documentación que se pedía, relativa a la contratación de los elementos de la uniformidad en la plantilla «para darle a las personas investigadas la posibilidad de haberse defendido», señala la primera edil del PP.
Ahora, el Consistorio buscará el resarcimiento económico por la vía civil en caso de que tengan que reclamar algún perjuicio, por lo que el Ayuntamiento no seguirá destinando recursos públicos a ejercer la acusación. El Consistorio, durante el anterior mandato, ya elevó conclusiones provisionales donde detectaban que en la contratación y recepción de los uniformes podía existir un delito de fraude, prevaricación y falsedad documental. El Ayuntamiento fue el primero en presentar la acusación, que se fundamentaba en los correos electrónicos que se interceptaron en los ordenadores intervenidos entre los acusados y el resto de implicados, vinculados a las empresas suministradoras de uniformes, una pieza que sigue investigando la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef). Aún y así, este letrado externo, Fernando Coves Botella, señalaba hace unos días que en varias de estas causas se ha empleado «la denuncia penal de forma política, cuando se trata de temas de derecho administrativo y de derecho urbanístico, que, desde el punto de vista técnico, aconsejarían en todo caso mantener al Ayuntamiento como perjudicado civil».
Críticas
Días después de que el gobierno del PP contratase a este letrado, desde el PSOE han criticado duramente que se hayan dedicado cerca de 15.000 euros, aprobados por junta de gobierno local, para que un abogado externo analice si el Consistorio debe mantener la acusación o no, como ha sido el caso. Entienden los socialistas que este dictamen «no tiene sentido» ahora, más de dos años después ejerciendo la acusación en las causas, y apuntan que ese importe se podría haber ahorrado si los funcionarios del Consistorio hubiesen elaborado los dictámenes. Los socialistas van más lejos e incluso critican que el PP dedique ese importe después de los inminentes despidos que van a tener que acometerse de los trabajadores en colaboración social por falta de consignación económica.
La alcaldesa, Loreto Serrano, justifica el gasto e indica que esa partida ya estaba consignada en los presupuestos prorrogados para contratar abogado contra las causas penales y que no se había utilizado porque según Loreto el anterior equipo de gobierno renunció al letrado y la partida, por tanto, se ha mantenido.
El abogado sigue estudiando otras causas penales para dar pautas al Ayuntamiento sobre cómo debe seguir personándose en ciertos procedimientos abiertos como el del convenio urbanístico del sector CJ-5 de Gran Alacant, por el que la Administración local reclama el pago multimillonario de liquidaciones por unas plusvalías a la promotora que levantó el sector.
PSOE y Cs critican el uso «partidista» del canal institucional
PSOE y Ciudadanos de Santa Pola critican que el equipo de gobierno del PP está empleando los perfiles institucionales, como las redes sociales del Ayuntamiento, de una forma «partidista», sobre todo en los últimos días, ya que hay publicaciones del Consistorio en las que el ejecutivo ha criticado la gestión del cuatripartito mientras explicaba varias problemáticas como la del área de personal. El PP niega este uso partidista y expone que solo usan esta vía para tratar cuestiones municipales.
