Denunciantes de la Dolorosa alegan que vecinos ajenos a la cofradía se repartieron también la lotería

Estos, contaron cómo se gestionaba la cofradía y qué vinculación tenían con ella hasta el día en que tocó el premio. Al menos dos de los denunciantes aseguraron que había personas que no figuraban como socios de la entidad en el momento del premio, pero que se habían beneficiado también del reparto, aunque no se aportaron ayer pruebas documentales que avalasen este testimonio ante las magistradas de la Sección Séptima de la Audiencia Provincia con sede en Elche, que juzga el caso.

Las preguntas, ayer, giraban en torno a la relación que tenían los denunciantes con la cofradía hasta 2011, es decir, si eran socios en el momento en el que tocó el premio y por qué supuestamente fueron apartados del reparto. La mayoría negó que hubieran dejado de pagar por más de dos años las cuotas anuales para estar dentro del ente religioso, ya que los estatutos recogían que se daría de baja automáticamente a los socios si no atendían al pago de dos anualidades, aunque no recibieron, aseguraban, ninguna notificación certificando la baja, pese a que algunos tampoco conocían este punto de los estatutos.

Por otro lado, algunos denunciantes como Ramón o Francisca, que supuestamente seguían siendo socios tras el premio, declararon que la directiva de la cofradía se enfadó con ellos y les vetó el acceso a las asambleas cuando expresaron que no querían que se repartiese el premio porque entendían que no era procedente que se distribuyeran sumas millonarias al margen de los estatutos, que apuntaban a la creación de una fundación con fines sociales. Aún y así, la defensa preguntó a los querellantes si creían que la lotería le había tocado a los cofrades o a la cofradía y, con motivo de la exclusión del reparto, señalaron que nunca han recibido expediente de expulsión de la cofradía, y al igual que otra testigo, varios años después del premio se les notificó la devolución de la cuota que abonaron en 2011 «y todo para desacreditar que éramos socios», según la versión de Magdalena, otra denunciante.

Los declarantes relataron que siempre hacían los ingresos en metálico hasta 2011, cuando empezaron a domiciliarse los cobros, y que antes de ese año desde la directiva no les daban ningún recibo porque «éramos gente conocida del pueblo y no hacía falta», señalaba Francisca, una de las denunciantes.

Desde la defensa les mostraron a los testigos algunos cartones que supuestamente empleaba la directiva como acuse de recibo. La mayoría de los preguntados negaron que tuvieran conocimiento de ese sistema para fichar a los que pagaban. Durante la sesión, la defensa aportó fotografías de varios años en los que aparecían socios de la cofradía para que los denunciantes pudiesen identificarlos y se clarificase si eran socios o no en según qué años. También se les preguntó por qué algunos de los testigos por qué no habían aportado fotos dentro de la cofradía así como documentos como el diploma que obtienen los socios tras la investidura. De las treinta personas que iniciaron hace ocho años la batalla judicial y que ayer estaban citadas a declarar en un primer momento, finalmente solo acudieron catorce, ya que los letrados de la defensa pidieron que se renunciara a una quincena de testigos. Aún y así, la sesión duró cerca de cinco horas y por falta de tiempo ocho personas quedaron sin declarar, por lo que están citadas para el próximo 15 de octubre. Por el momento, de las treinta personas que denunciaron el reparto del premio de la Dolorosa, tan sólo nueve siguen dentro del proceso.

En duda

Los letrados de la defensa pusieron en duda ayer que los únicos fines de la denuncia contra la directiva fueran exclusivamente que se devolviese el dinero para las arcas de la cofradía. La mayoría de testificantes negó que la denuncia fuera un mecanismo de presión contra la directiva para obtener también rédito económico en el reparto. Sin embargo esta versión diferió de la del último testigo, propuesto por la defensa, y que también comenzó como denunciante en el proceso y terminó apartándose, que reseñó que se celebraron algunas reuniones en Santa Pola en las que supuestamente, según afirmó este testigo, los querellantes iniciaron el procedimiento sin intenciones de llegar a juicio, pero utilizaron esta vía para conseguir entrar en el reparto, unas afirmaciones que no casan con el argumentario de la acusación particular.

Después de esta intensa sesión, el procedimiento sigue y está previsto que el juicio se retome el 8 de octubre con la declaración de más testigos propuestos por la defensa, además de los que se quedaron por testificar ayer. Este caso ha enfrentado en los últimos años a varias familias de Santa Pola y algunos de los procesados superan los setenta años de edad.