La jueza del Juzgado de Instrucción 5 de Elche ha dado esta semana un ultimátum de 15 días al Ayuntamiento de Santa Pola para que designe a un abogado que represente al Consistorio en el conocido caso de los uniformes de la Policía Local de Santa Pola, en el que están investigados el jefe de la Policía Local del municipio, José Miguel Zaragoza, los exediles populares Antonio Andrés García y Antonio Pérez, y el oficial del cuerpo y presidente del Club de Atletismo, Roque Alemañ. El anterior letrado renunció a la acusación ejercida por el Ayuntamiento de Santa Pola tras las pasadas elecciones, cuando el PP volvió al equipo de gobierno, ya que fue nombrado por el anterior equipo municipal dirigido por la socialista Yolanda Seva.
El juzgado dio en julio dos meses de plazo para que el actual equipo de gobierno nombrase a un letrado. Ese plazo está a punto de concluir por lo que el juzgado le ha requerido esta semana para que en un plazo de 15 días, que acaban a final de mes, nombre a un letrado. Antes de renunciar a la defensa, e incluso antes de que la Fiscalía presentara su escrito de acusación, el anterior abogado del Ayuntamiento de Santa Pola presentó el suyo. En él, pedía tres años y cuatro meses de prisión para su exjefe de la Policía Local, y los exediles, por un delito continuado de fraude, prevaricación y falsedad documental en el ya conocido como «caso de los uniformes», que investiga supuestas irregularidades en contratos menores relacionados con el material de vestir que recibían los agentes. Para Roque Alemañ, el Ayuntamiento pidió dos años de prisión por un delito continuado de fraude.
Ahora está por ver si el nuevo letrado contratado por el actual equipo del PP mantiene las acusaciones o si, por el contrario, modifica el escrito de acusación provisional. Lo cierto es que las circunstancias han cambiado para algunos de los acusados. José Miguel Zaragoza fue apartado del cargo cuando se destapó el caso, pero recientemente el actual ejecutivo local del PP ha decretado que volviera a su cargo.
Causas abiertas
Esta es una de las piezas separadas de la trama principal, que continúa abierta en el Juzgado de Instrucción 5 de Elche. El caso se destapó a raíz de que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional detuviera a los implicados y registrara la Jefatura de la Policía Local en busca de pruebas. El anterior equipo de gobierno que entró en 2015, liderado por la socialista Yolanda Seva, detectó irregularidades en los contratos de uniformes de la Policía, por lo que denunció el caso. Los agentes requisaron numerosa documentación, que continúa en estudio.
