20 de agosto de 2019
20.08.2019

Antifraude protege a tres funcionarios de Santa Pola tras colaborar en la investigación de la trama uniformes

La Agencia Valenciana les ha concedido amparo tras denunciar supuestas presiones y destituciones de funciones por parte del actual gobierno del PP. El Ayuntamiento niega rotundamente las acusaciones

20.08.2019 | 12:46
Antifraude protege a tres funcionarios de Santa Pola tras colaborar en la investigación de la trama uniformes

Tres funcionarios de Santa Pola que participaron en la investigación de la trama de los uniformes han acabado protegidos por la Agencia Valenciana Antifraude, tras el regreso del PP a la Alcaldía de Santa Pola. Un inspector en prácticas y un funcionario de la Policía Local, además de la vicesecretaria municipal habilitada nacional colaboraron, en el ejercicio de sus funciones, en las diligencias judiciales y en la investigación abierta por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) por el presunto amaño de contratos en la compra de uniformes de la Policía Local y Protección Civil de la localidad costera. Aportaron o custodiaron información sobre el caso por el que acabaron siendo investigados, entre otrosel jefe de la Policía Local, José Miguel Zaragoza, hermano del exregidor.

Ante la denuncia de presiones por parte del actual gobierno local y la destitución de funciones, los tres funcionarios se encuentran de baja y la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunidad Valenciana, dependiente de las Cortes Valenciana, ha resuelto otorgales los derechos derivados del estatuto de la persona denunciante, al amparo de los dispuesto en el artículo de la ley.

En este sentido, por haber participado en el esclarecimiento de hechos, conductas "presumiblemente fraudulentos o corruptos, que pueden dar lugar a la exigencia de responsabilidades legales", tal y como se desprende de los escritos a los que ha tenido acceso este diario, la Agencia Antifraude de Prevención ha resuelto que ninguno de ellos podrá "sufrir aislamiento, persecución o empeoramiento de las condiciones laborales o profesionales, ni ningún tipo de de medida que implique cualquier forma de perjuicio o discriminación, ni durante las investigaciones ni después de ellas".

Asimismo, la entidad apunta a que en caso de conocer "la existencia de represalias o de la realización de cualquier acto lesivo, esta entidad pública podrá ejercer las acciones correctoras o de restablecimiento que considere, dejando constancia de ello en la memoria anual que presente a las Cortes Valencianas".

Desde el Ayuntamiento de Santa Pola han emitido un comunicado en el que niegan rotundamente el supuesto acoso laboral denunciado. La Alcaldía, en manos de Loreto Serrano, ha apuntado a que los acuerdos de la Agencia Antifraude "como no puede ser de otra forma, serán respetados por la Alcaldía y de ningún modo se pretende que los citados funcionarios sean objeto de empeoramiento alguno en sus condiciones profesionales, ni de ninguna medida que pudiera resultar discriminatoria".

Asimismo, el ejecutivo del PP advierte que " en ningún caso ha separado de sus funciones ni modificado las atribuciones de ninguno de los funcionarios afectados por la resolución de la Agencia Valenciana, de forma que han continuado con la prestación de sus servicios conforme las competencias que les habían sido atribuidas y sin que exista resolución alguna de la Presidencia de la Corporación que pueda considerarse lesiva para los intereses de estos empleados municipales".
Desde Alcaldía han mostrado su respeto a la legalidad vigente y ha tomado la iniciativa de impulsar una comisión de investigaciónc que clarifique todas las cuestiones suscitadas, basándose en acuerdo plenario de fecha 31 de marzo de 2017 y publicado definitivamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante el 07/06/2017, de Protocolo de prevención y erradicación del acoso laboral del Ayuntamiento de Santa Pola.
Compartir en Twitter
Compartir en Facebook
anteriorsiguiente