05 de agosto de 2019
05.08.2019

Santa Pola tendrá que pagar 2,1 millones antes del 31 de agosto por el edificio José Tovar

La promotora reclama al Ayuntamiento que se abone el importe del centro de formación en esta fecha porque la mercantil nunca recibió el aprovechamiento urbanístico acordado

04.08.2019 | 22:17
Fachada del centro José Tovar de Santa Pola.

El Consistorio ya pagó en diciembre 900.000 euros de intereses por utilizar el inmueble desde 2007.

El Ayuntamiento de Santa Pola tendrá que pagar antes de que finalice el mes de agosto un montante de 2,1 millones de euros por el centro de formación José Tovar, un edificio que hoy se emplea como aulario para los alumnos del colegio Hispanidad y que recepcionó el Consistorio hace doce años a cambio de que la promotora recibiera un aprovechamiento urbanístico, derivado del sector LN-4 Las Torres que nunca se desarrolló.

Este pago llegará en base al acuerdo al que llegó la corporación pasada, que aprobó en 2018 por pleno un allanamiento judicial por el cual la Administración local cedía las pretensiones de la mercantil, que interpuso un recurso contencioso administrativo en el Juzgado número 1 de Elche reclamando el montante. El Consistorio asumía entonces el pago, con fecha tope el 31 de agosto y de retrasar la fecha se advertía que podrían deducirse intereses en perjuicio del bien general, como los 900.000 euros que tuvo que abonar la Administración local en diciembre por haber estado utilizando el edificio durante más de una década. Desde el ejecutivo local señalan que están dispuestos a afrontar el pago a pesar del plan de ajuste que están desarrollando en las cuentas municipales. Sin embargo, apuntaron en el último pleno que han detectado que la mercantil tiene una carga asociada al inmueble, según una nota registral, por lo que antes tendrá que subsanarse para que puedan hacer frente a la deuda.

Este edificio está sin pagar desde que fue recepcionado por el Ayuntamiento en 2007 por tan solo un euro, tal y como señala un informe jurídico del Consistorio.

En su día se firmó una permuta dentro del convenio entre el Ayuntamiento y la empresa por la que la promotora, Marblas, disponía del edificio a cambio de 19.810 unidades de aprovechamiento urbanístico en el sector de Las Torres. Los terrenos no llegaron a desarrollarse porque la promotora perdió el interés al actualizarse el Plan General , que dejaba en la práctica un programa urbanístico diferente al previsto, por lo que se aprobó la caducidad del agente urbanizador y se liquidó la permuta.

Desde el PSOE critican la gestión del PP cuando gobernaba Miguel Zaragoza, y señalan que durante el período que rezaba en el contrato para poder urbanizar en el sector «el Ayuntamiento no facilitó ni dio ningún tipo de licencia a la empresa para poder ponerse manos a la obra, ya que el PP de entonces lo impidió a través de la aprobación de su propio Plan General de Ordenación Urbana». Sin embargo los populares siguen sin entender que se abone este pago porque insisten en que la empresa incumplió el contrato. Por otro lado existe un informe de 2016 de la asesora jurídica del Consistorio que reseña que la Administración Local no tiene la culpa del fracaso del desarrollo de este sector porque «según la ley los programas se adjudican a riesgo y ventura del urbanizador».

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