El Ayuntamiento de Santa Pola ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) una sentencia reciente por la cual el juez admite la pretensión de la entidad bancaria Caixabank y reclama a la Administración local que pague de forma inmediata más de 7,4 millones de euros por la residencia de mayores de Sanyres, que lleva abandonada desde 2014 cuando la empresa que la gestionaba acabó en concurso de acreedores y clausuró las instalaciones. Debido a la incapacidad económica de la mercantil, la entidad bancaria reclama que sea la Administración local quien se haga cargo de la hipoteca que realizó esta empresa para sacar adelante la concesión y el inmueble, ya que el edificio se encuentra sobre suelo municipal y en 2017 se acordó liquidar el contrato, aunque derivado de esa liquidación la entidad bancaria reclama el valor de las inversiones realizadas y no amortizadas, que son por las que se piden esta cuantía.

Desde entonces hay abierto un litigio entre el Ayuntamiento y la mercantil que impide que el complejo vuelva a ponerse en valor. Precisamente esta semana el equipo de gobierno ha acudido a los servicios jurídicos del Ayuntamiento para aprobar un recurso de oposición contra la ejecución de esta sentencia, que data de mayo de 2019, ya que por un lado entienden que el Consistorio no tiene por qué hacerse responsable de la deuda de la mercantil que explotaba las instalaciones con la entidad bancaria porque tampoco hay una sentencia firme y por otro lado la Administración local no dispone de esta cuantía multimillonaria, ya que incluso han tenido que bloquearse algunas partidas del presupuesto bajo el dictamen de la interventora, y se está gestionando un plan de ajuste porque se ha incumplido la regla de gasto en los presupuestos vigentes que están generando bloqueo económico, según fuentes municipales.

Además, los populares aprovecharon ayer el primer pleno ordinario del mandato para recriminar que el cuatripartito, encabezado por la ex alcaldesa socialista Yolanda Seva en el anterior mandato, ocultó a la oposición el contenido de la sentencia. Desde el PP señalan que se han enterado de la determinación del juez hace tan sólo una semana porque el abogado contratado por el Ayuntamiento se puso en contacto con el nuevo ejecutivo local para informarles de la resolución.

Desde el PSOE insistieron ayer durante la sesión que no conocían hasta hace unos días esta sentencia, y advierten que no entró por los canales oficiales del Ayuntamiento. Por ello los socialistas preguntaron ayer qué número de registro tiene la sentencia, a quién se le notificó y qué negociado la tramitó. En respuesta, el ejecutivo local señaló que encargarán a los servicios jurídicos un informe en el que conste a quiénes les llegó directamente la sentencia, ya que el PP insiste en que el anterior equipo de gobierno presentó un recurso de apelación después de que se hiciese efectiva, a unos días de la cita con las urnas.

Limbo legal

Las antiguas instalaciones del centro de mayores se encuentran en la actualidad en una especie de limbo legal, ya que el propietario del suelo es el Ayuntamiento pero no puede abrir el servicio a nuevas empresas hasta que no se resuelva el pleito. En marzo de 2017 se aprobó por pleno extraordinario la liquidación del contrato (que empezó en 1999) ya que se alegaba «abandono de la obra, renuncia unilateral e incumplimiento de las obligaciones esenciales establecidas en el contrato». Si la empresa hubiese aceptado la liquidación sin recurrir, el Ayuntamiento se hubiese adueñado del inmueble sin problemas, pero de ese acuerdo plenario también se acordaba iniciar un «expediente contradictorio», es decir, estudios que analizasen las repercusiones y derechos para el Ayuntamiento en caso de romper el contrato. Es por ello que después de que la mercantil hipotecase el terreno y la construcción, la entidad bancaria reclama la liquidación de los siete millones por tener la carga preferente y consideran que ese es el valor de las inversiones realmente realizadas y no amortizadas, es decir, las obras de construcción y la adquisición de bienes para explotar la concesión «teniendo en cuenta el grado de amortización en función del tiempo que reste para el término de la concesión, así como lo establecido en el plan económico-financiero», según se establece en el acuerdo del pleno.

Valor inferior

Sin embargo, el Ayuntamiento se opone a pagar esta cuantía porque hace dos años ya se realizaron estudios técnicos y se tasó el inmueble y el valor era infinitamente inferior al que se demanda, ya que el cuatripartito alegó en su día que el edificio había perdido valor con base en su estado actual, ya que las dependencias están más degradadas y tras los múltiples actos vandálicos una gran parte del material ha desaparecido del enclave, que ahora cuenta con maleza, techos y ventanas rotas. Queda paralizada, por tanto, la posibilidad de que nuevas empresas exploten el sector y que la villa marinera cuente con una recurso asistencial necesario para personas de avanzada edad o diversidad funcional.