La Audiencia de Murcia ha desestimado los recursos que los hermanos José Manuel y Antonio José Fernández Pujante presentaron contra la negativa del juzgado de instrucción que investiga el presunto fraude millonario de las obras del AVE entre Crevillent y Murcia a reclamar al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) la documentación que habían solicitado. José Manuel Fernández Pujante era ingeniero del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela cuando ocurrieron los hechos, y está acusado de estafa, falsedad, pertenencia a organización criminal, fraude y blanqueo de capitales.
En uno de los dos recursos, estos acusados alegaron que sufrían un trato discriminatorio, ya que, aseguraron, la magistrada instructora accedía a las peticiones hechas por la Fiscalía, mientras que rechazaba las que ellos planteaban.
Una de las resoluciones de la Audiencia, al desestimar el recurso presentado contra el auto de la magistrada, señala que los hermanos pidieron que el juzgado requiriera a Adif para que, de forma urgente, entregara la totalidad de las fichas técnicas y su documentación complementaria sobre las obras de reposición de las infraestructuras de regadío afectadas entre Crevillent y Murcia. También solicitaron que se requiera a la empresa pública Tragsa para que remitiera copia íntegra de la documentación que recibió de Adif para realizar el informe que fue incorporado a la causa.
El juzgado aceptó la primera pero rechazó la segunda al señalar que la empresa citada se había limitado a analizar la información que se le había facilitado, decisión que fue recurrida en apelación.
El recurso no ha prosperado porque, indica la Audiencia, «la prueba propuesta es desproporcionada en relación con la finalidad que con ella se persigue, y aunque aparentemente parece simple, el tema es muy complejo». Tras señalar que la práctica de esa prueba alargaría un proceso ya de por sí prolongado en el tiempo, difícil y complicado, tampoco serviría de nada, ya que no podría incorporarse a la causa al estar ya cerrada la instrucción de la misma.
En el segundo recurso, igualmente desestimado por la Audiencia, pidieron que se reclamaran los expedientes de gasto de las obras, que se corrigieran unos errores aritméticos y que se pidiera a Adif el proceso de acuerdo y ejecución de la auditoría que encargó sobre los trabajos igualmente sometidos a investigación por un tramo de la Línea de Alta Velocidad realizado en Barcelona. En su recurso, expusieron que con esta última solicitud deseaban conocer si el incremento de gasto investigado, «entraba dentro de los parámetros ordinarios o no».
La sala dice que el querer establecer comparaciones entre un hecho y otro excede del marco propio de la instrucción judicial, ya que, comenta, «si algo es delito o no lo es por sí, no en comparación con nada». Y añade que «el que pueda haber otros expedientes u otras actuaciones en otros lugares de España en nada altera o modifica el análisis preciso que una instrucción judicial ha de fijar en cuenta a su objeto y finalidad».
Antonio José Fernández Pujante se enfrenta a los mismos delitos que su hermano, excepto el de fraude. Según otro de los acusados, Juan Ortín, subcontratista de las obras investigadas, este hermano habría sido el que, supuestamente, recibía las mordidas.
