17 de mayo de 2019
17.05.2019
Información

El Ayuntamiento pide tres años de prisión al exjefe de Policía por la trama de los uniformes

Los exediles Antonio Andrés García y Antonio Pérez se enfrentan a la misma pena, mientras que para Roque Alemañ, quien estaba al frente del Club de Atletismo, se solicitan dos años de cárcel

16.05.2019 | 22:28
El exjefe de la Policía Local de Santa Pola, el día que fue detenido por la UDEF en junio de 2017.

Todos están acusados de falsear supuestamente contratos para pagar una deuda.

El Ayuntamiento de Santa Pola, ejerciendo la acusación particular, ha pedido tres años y cuatro meses de prisión para su exjefe de la Policía Local, José Miguel Zaragoza y los exediles Antonio Andrés García y Antonio Pérez. El Consistorio les imputa un delito continuado de fraude, prevaricación y falsedad documental en el ya conocido como «caso de los uniformes», que investiga supuestas irregularidades en contratos menores relacionados con el material de vestir que recibían los agentes.

En esta causa también está implicado el oficial del cuerpo y presidente del Club de Atletismo, Roque Alemañ, para quien el Ayuntamiento pido dos años de prisión por un delito continuado de fraude. Todos están acusados de falsear contratos, por valor de más de 27.000 euros, «no para atender las necesidades reales de la uniformidad, sino para cubrir la deuda con la mercantil Gil de los Ríos SL», señala el escrito de acusación presentado por el letrado que representa los intereses del Ayuntamiento de Santa Pola.

Esta es una de las piezas separadas de la trama principal, que continúa abierta en el Juzgado de Instrucción 5 de Elche. El caso se destapó a raíz de que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional detuviera a los implicados y registrara la Jefatura de la Policía Local en busca de pruebas. El nuevo equipo de gobierno que entró en 2015, liderado por la socialista Yolanda Seva, detectó irregularidades en los contratos de uniformes de la Policía, por lo que denunció el caso.

La acusación del Ayuntamiento de Santa Pola, que se persona como perjudicado en la causa, se fundamenta en los correos electrónicos que se interceptaron en los ordenadores intervenidos entre los acusados y el resto de implicados, vinculados a las empresas suministradoras de uniformes que se investigan. En total son siete personas las que se sentarán, previsiblemente, en el banquillo por esta causa. El Ayuntamiento de Santa Pola ha sido el primero en presentar su escrito de acusación.

La Fiscalía Anticorrupción todavía no ha presentado el suyo, a la espera, según fuentes cercanas al caso, de que el Juzgado de Instrucción 5 resuelva los recursos presentados por los acusados contra el auto que pone fin a las diligencias previas y transforma al caso en un procedimiento abreviado. Es decir, la fase en la que la magistrada insta a las partes a presentar su acusación antes de establecer la competencia para el enjuiciamiento de la causa o bien dictar su archivo.

Notificadas


La respuesta a estas alegaciones aún no ha sido notificada a las partes, y todo apunta a que la Fiscalía Anticorrupción, inmersa en este momento en el desarrollo del juicio del caso Brugal, no presentará su escrito de acusación hasta que eso pase.

La pieza principal continúa en el Juzgado de Instrucción 5 de Elche, que continúa practicando diligencias, según señalaron a este diario fuentes judiciales cercanas a la investigación del caso.

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