Los vecinos de Santa Pola están al borde de perder las esperanzas de que un día gocen de una piscina cubierta que satisfaga sus necesidades con unas instalaciones mínimas equiparables a la otros municipios, incluso de menos habitantes. Diez años después, el megaproyecto de 4,7 millones con piscina de 25 metros, balneario, cafetería y hasta escuela infantil que se prometía para la villa marinera ha quedado reducido a un complejo cerrado y ruinoso al que sólo tienen acceso algunos gatos que deambulan durante el día entre montones de escombros y material de obra, que nunca se utilizó para culminar unas instalaciones que estaban ya al 82% de ejecución.
Todo este tiempo la mayoría de grupos políticos han llevado en sus programas electorales la reactivación de las instalaciones que recuperó el Consistorio, una promesa que nunca llega y que a corto plazo parece inviable hasta que no se desatasque el pleito en los juzgados entre el Ayuntamiento y la unión de empresas que dejaron a medias este entramado dejando a deber sumas millonarias a la Administración local. El conflicto ha afectado de lleno en los santa poleros, y sobre todo en aquellos colectivos locales que urgen de tratamientos acuáticos durante todo el año que finalmente tienen que encontrar fuera de su localidad.
Podría ser el caso de la asociación de fibromialgia, un colectivo que necesita mensualmente realizar talleres de natación para trabajar la movilidad y fortalecer la espalda. Llevan años pidiendo estas instalaciones porque hasta la fecha tienen que fletar dos autobuses para desplazarse a Elche, Guardamar o incluso a balnearios fuera de la comarca para que los ochenta usuarios disfruten de un servicio que Santa Pola no les presta, según indica Mari Ángeles Bonmatí, presidenta del colectivo, que al mismo tiempo insiste en que tratándose de un municipio referente a nivel turístico debería tener no una, si no dos o tres piscinas teniendo en cuenta que la población supera los 30.000 habitantes.
Pocas iniciativas
En la actualidad sólo la iniciativa privada dispone de estos recursos como el colegio Alonai, aunque resulta insuficiente para cubrir a todos los colectivos, y señalan que la piscina del Life Resort de Gran Alacant tampoco resulta ya accesible porque no hay convenios que faciliten precios especiales para estas entidades. Desde la asociación de Alzhéimer insisten en que no tienen medios para desplazarse a otros municipios porque necesitan vehículos especializados para trasladar a algunos de los cincuenta usuarios que usan silla de ruedas, por lo que desechan esta posibilidad. Insisten que tener un recinto acuático donde realizar terapias les beneficiaría porque «hay jóvenes que se sentirían mejor y más felices para aliviar la enfermedad», señala Andrés Baile, voluntario del colectivo. Reseñan que el único contacto cercano con el agua lo tienen en la playa, pero deben tener mucho cuidado con los usuarios de avanzada edad para evitar caídas o pérdidas, por ejemplo. En la misma tesitura se encuentran desde la asociación de esclerosis múltiple, que ni se plantean tener que salir fuera con sus medios pero reconocen que podría resultar muy positivo que la fisioterapeuta interviniera en el agua con los afectados.
A nivel deportivo, la carencia de estas instalaciones dificulta que el club de natación Alone, el único de Santa Pola, pueda crecer, porque «muchos nos preguntan para asociarse a nosotros pero tenemos que decir que no porque no tenemos ningunas instalaciones que ofrecerles, y nos encantaría formar una cantera de jóvenes nadadores, pero en esta situación es muy difícil» reseña Javier Quesada, presidente del club.
Soluciones
La solución que describen desde el cuatripartito para resolver el conflicto pasaría por realizar un nuevo plan de viabilidad que modificaría el proyecto para hacerlo accesible a futuras empresas que quieran concurrir a la licitación del servicio, ya que desde el ejecutivo local sostienen que hay empresas interesadas pero el plan de viabilidad inicial «era difícilmente sostenible en el tiempo y consecuencia de ello podría ser el abandono producido de la obra», según Antonio Pomares, concejal de Contratación. La segunda opción sería resolver a favor del Ayuntamiento la liquidación del inmueble, que está recurrida en el juzgado de lo contencioso por la concesionaria que debe más de 500.000 euros que podrían ser vitales para finalizar la obra y explotarla con medios municipales, aunque se estima que el coste de los trabajos pendientes es de 1,4 millones y el deterioro producido por el abandono y vandalismo ronda los 400.000 euros, según un informe de tasación de 2014.
La via de la municipalización sería más costosa pero desde cuatripartito, a menos de un mes de las elecciones, no descartan ninguna de las dos opciones, a pesar de que no tienen visos de llegar pronto.En 2006, con el gobierno del PP, se acordó por pleno la adjudicación del complejo y a pesar de que se daban 16 meses para ejecutar las obras, el plazo se prorrogó dos veces hasta 2013 a pesar de que la concesionaria siguió con el recinto paralizado, por lo que desde el Consistorio en 2015 optaron por resolver el contrato administrativo y el espacio volvía a manos municipales para explotar un complejo que ahora tiene más sombras que luces.
