La Sierra de Crevillent contará con un grado más alto de protección después de que se haya aprobado en pleno el primer plan municipal de prevención de incendios forestales, una guía que llevará aparejada una inversión de 350.000 euros para los próximos diez años con el objetivo de reducir el impacto de siniestros en el entorno natural crevillentino, mediante la colocación de más cortafuegos entre las sendas, incrementar las charlas de concienciación en los colegios e institutos o la incorporación de más cartelería en terrenos forestales para avisar de prohibiciones como tirar colillas o hacer barbacoas, por ejemplo. Este plan se aprueba por unanimidad a un mes de las elecciones municipales y desde el ejecutivo local avisan que se pondrá en práctica a partir de 2020 ya que antes tendrían que aprobarse los presupuestos e incorporarse la partida. Mientras, los grupos políticos siguen esperando el borrador de las cuentas municipales.

Avisan, eso sí, que la inversión en prevención se multiplicaría (ahora está por debajo de los 10.000 euros anuales) y junto a este plan local irá una restricción más evidente de los permisos para la quema de poda agrícola en el perímetro de la sierra, que quedaría restringida desde el nivel 1 de preemergencia en lugar del nivel 2 que recogía el hasta ahora vigente plan de quemas, un documento desfasado y que se sustituirá por esta nueva actualización aprobada también en pleno. Irá vinculado al plan de prevención de incendios, ya que según el edil de Medio Ambiente, Miguel Ángel Sánchez, habrá un cordón de 500 metros que proteja los terrenos forestales de la quema y se podrá realizar esta práctica sólo hasta las 13.30 horas desde que sale el sol, ya que la alerta de incendios por altas temperaturas se dará con más asiduidad al subir la restricción. Del 1 de junio hasta el 16 de octubre, además del periodo de la Semana Santa quedará prohibido también realizar estas prácticas, y las quemas deberán tener la autorización previa del Ayuntamiento después de que el usuario interesado remita la petición.

Un pleno de reproches

Uno de los momentos más tensos del pleno llegó al final cuando se trataron los decretos de ayudas al IBI a personas con rentas bajas, una polémica que se ha sembrado en los últimos días cuando desde l'Esquerra denunciaron que de los 50.000 euros que se iban a destinar para ayudar a las familias con pocos recursos, finalmente desde la Concejalía de Bienestar Social solo se han entregado 750 euros a cinco usuarios, tal y como consta en el acuerdo de la junta de gobierno, y el resto ha ido a parar al superávit, como denunciaron desde este grupo de la oposición. Sin embargo, la edil de Bienestar Social, Juana Guirao, se justificaba en el pleno insistiendo en que se había dado difusión de estas ayudas a 400 familias solicitantes de apoyo en Servicios Sociales. Este apunte también fue criticado por el PSOE, que denunció que no se había dado promoción a estas ayudas a las familias que cobran el salario mínimo interprofesional y que cubren un perfil que también se incluyó en las bases de esta convocatoria. Los socialistas aprovecharon para reprender al equipo de gobierno que haya cinco empresas a las que todavía no se les ha devuelto el aval por las obras que han acometido en el municipio cuando ya han pasado los 12 meses que contempla la ley, según el portavoz del PSOE, Javier Asensio.

Otro de los temas que causó revuelo fue la aprobación para colocar un busto en honor al párroco Canónigo Manchón, que ya da nombre a un instituto. Salió adelante con la oposición de l'Esquerra., grupo que señaló que no había existido consenso para colocar este homenaje. Por unanimidad sí que se aprobó la única moción de la jornada, de Compromís, para que el Ayuntamiento financie parte del transporte de crevillentinos con diversidad funcional y con necesidades específicas para trasladarse a municipios como Elche y poder seguir sus terapias.