Los vecinos de la urbanización Panorama de Gran Alacant han vuelto a elevar una queja al Defensor del Pueblo valenciano para que el Ayuntamiento de Santa Pola les responda a los escritos que remitieron hace más de un año, en los que pedían que el Consistorio aclarase si tenía la obligación de clarificar de quién es la titularidad de las ocho calles que siguen sin recepcionarse en esta urbanización. El colectivo vecinal ha vuelto a insistir en esta queja al Síndic asegurando que el Ayuntamiento ha tenido una actitud de silencio administrativo hacia los afectados porque la junta de gobierno acordó el 25 de mayo de 2018 aceptar las recomendaciones del Síndic y contestar la queja ciudadana en el plazo de unos días.

Cerca de un año después, esa queja no se ha resuelto, según los demandantes, y por lo tanto vuelven a exigir una explicación, ya que entienden que la Administración local es la competente para hacerse con estas calles como ya pasó con otros seis viales que sí que son públicos y cuentan con servicios como asfaltado o alumbrado, un final que no alcanzó el sector, ya que hay ocho calles que quedaron a la deriva y apartadas del plan general cuando el equipo de gobierno de la época disolvió en el año 2000 la Entidad Urbanística de Colaboración (EUCC), por lo que hasta la fecha hay viales sin servicios acordes al resto y entienden que es responsabilidad del Ayuntamiento y no de los residentes hacerse cargo de la recepción de estas zonas. La problemática ha llegado hasta el punto de que más de una veintena de vecinos de esta urbanización entraron al último pleno del mandato, este jueves, y cargaron contra el Ayuntamiento con pancartas que rezaban frases como «40 años engañados» o «recepción de calles ya».

Un pleno de tensiones

Desde el colectivo denuncian que tuvieron complicaciones para acceder a la sesión a la mitad del pleno por llevar encima todos estos emblemas reivindicativos y en el turno de participación ciudadana el representante de la asociación de afectados de la urbanización Panorama, Roberto Sierra, lamentó que la Policía Local les vetase la entrada al principio, unas afirmaciones que causaron el revuelo en el momento en el que la alcaldesa, Yolanda Seva, reiteró que este ciudadano estaba faltando a la verdad.

La tensión fue creciendo cuando otros vecinos expusieron la problemática en la que se encuentran por no tener una seguridad jurídica en la zona donde viven y aseguran que cuando compraron la vivienda, las escrituras reflejaban que la recepción de las calles no era particular para gestionar el alumbrado, zonas verdes y asfaltado. Sin embargo desde el cuatripartito volvieron a explicar que hay informes del Consistorio emitidos por delegados asesores o la secretaria municipal que reflejan que se trata de zonas privadas, documentación de la que discrepan los afectados.

Con ello queda una situación enquistada por la poca comunicación entre las dos partes y desde la plataforma avisan de que tienen pensado realizar movilizaciones en mayo para conseguir apoyos, aunque desde el equipo de gobierno siguen insistiendo en que los propietarios de los inmuebles son quienes tienen que ponerse de acuerdo para afrontar la inversión para recepcionar viales.

En este último pleno del mandato, los concejales se despidieron e hicieron balance sin que faltaran los tradicionales tiras y aflojas entre el cuatripartito, los no adscritos y el PP, incluso los populares abandonaron la bancada cuando el edil Ignacio Soler leyó su moción «in voce» contra las puertas giratorias y la corrupción en los partidos, ya que de entrada mencionó a Loreto Cascales, presidenta del PP en Santa Pola e investigada por el caso de la clínica de Gran Alacant.

Viales en un limbo legal desde 1989

Ocho de las catorce calles que dan forma a este núcleo de casas desde 1989 y que se conforma como la urbanización más antigua de Gran Alacant siguen sin estar recepcionadas, dando pie a que hayan viales llenos de baches y aceras levantadas que se han anegado durante las últimas lluvias, así como zonas sin alumbrado público. El pleito entre el Ayuntamiento y los vecinos está en el Tribunal Supremo para dirimir de quién es la competencia de recepcionar.