El Ayuntamiento de Santa Pola ha tenido que mover las cuentas de su presupuesto en vigor para pagar 900.000 euros en concepto de intereses por haber estado aprovechándose del centro de formación José Tovar durante 12 años, un edificio que salió gratis al Ayuntamiento a cambio de que la promotora que lo construyó tuviese un aprovechamiento urbanístico derivado del sector LN-4 Las Torres que nunca se desarrolló.
No sólo ingresarán los intereses, ya que ahora el Consistorio tendrá que hacer frente al pago total del edificio, que sería próximo a los 2,2 millones (sin contar intereses), ya que la promotora, Marblas S. L, interpuso un recurso por la vía contencioso administrativa en el Juzgado número 1 de Elche y finalmente se aprobó en diciembre un allanamiento judicial por el cual la Administración local cede a las pretensiones de la mercantil y asume este pago, con fecha tope el 31 de agosto para que no se deriven otros intereses por retrasar el ingreso. Este edificio está sin pagar desde que fue recepcionado por el Ayuntamiento en 2007 por tan solo un euro, tal y como señala un informe jurídico del Consistorio.
En su día se firmó una permuta dentro del convenio entre el Ayuntamiento y la empresa por la que Marblas disponía del edificio a cambio de disponer de 19.810 unidades de aprovechamiento urbanístico sobre el suelo que quedaba como excedente del sector de Las Torres, donde esta empresa era agente urbanizador junto a otra más dentro de una Unión Temporal de Empresas (UTE) para dar luz a un futuro proyecto de reparcelación.
Antecedentes
Estos terrenos nunca llegaron a desarrollarse porque la promotora perdió el interés cuando la actualización del plan general aprobado por el Consell dejaba en la práctica un programa urbanístico diferente al que tenían previsto en el programa y en 2016 el pleno aprueba la caducidad del agente urbanizador, que significaba que este sector quedaba también paralizado y se liquidaba el contrato de permuta. Al perderse el convenio urbanístico, el Ayuntamiento ahora tiene que pagar por un edificio del que se ha estado beneficiando de manera inmediata sin que la otra parte haya obtenido ese desarrollo.
Aún y así, en 2016 la asesora jurídica del Consistorio emitió un informe en el que se expone que este sector de «Las Torres» fue tramitado por el Ayuntamiento y aprobado definitivamente junto al plan general y que la Administración local no tiene ninguna culpa de que haya fracasado el desarrollo de este sector porque «según la ley los programas se adjudican a riesgo y ventura del urbanizador», una situación que desde el PP critican, ya que no entienden que tenga que devolverse una cantidad tan abismal de intereses desde que el convenio estaba en vigor y añaden que la empresa incumplió parte del contrato por no desarrollar el proyecto. Para pagar estos intereses, próximos a un millón de euros, el Ayuntamiento ha tenido que reducir la cuantía a 22 partidas, como 200.000 euros menos para imprevistos o 100.000 euros en la Seguridad Social de los funcionarios, entre otras rebajas. Aún y así desde el área de Hacienda señalan que se trata de partidas con sobrantes y que no afecta a la financiación, mientras que el pago del edificio se realizará a través de los 3,5 millones que ha obtenido el Ayuntamiento para financiar deudas o pagos, según el ejecutivo local.
