De nada le ha servido a la urbanización Panorama tener el privilegio de ser la más antigua del barrio santa polero de Gran Alacant. Ocho de las catorce calles que dan forma a este núcleo de casas desde 1989 siguen sin estar recepcionadas, dando pie a que hayan viales llenos de baches, aceras levantadas y zonas sin alumbrado público que se traducen en una inseguridad constante para los residentes cuando cae la noche.
El trasfondo del problema parte de que el Ayuntamiento niega que tenga que asumir el mantenimiento de la zona porque entiende que la mayoría de los espacios son de titularidad privada. En este sentido el pleito con los vecinos llegó a los juzgados y hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que avala al Consistorio al estimar que se trata de espacios privativos.
Sin embargo los residentes han interpuesto continuos recursos a esta determinación y el pleito ha llegado hasta el Tribunal Supremo donde se sigue dirimiendo en qué tejado está la pelota porque los residentes insisten en que la competencia de recepcionar es del Ayuntamiento ya que cuando compraron la vivienda, las escrituras reflejaban que la recepción de las calles no era particular para gestionar el alumbrado, zonas verdes y asfaltado. También han elevado quejas al Síndic de Greuges denunciando silencio administrativo por parte del Ayuntamiento en este tema, por no dar respuestas al problema y ahora vuelven a plantearse acudir de nuevo al defensor del pueblo valenciano porque desde marzo de 2018 no les han contestado al último escrito que remitieron.
Lo cierto es que queda en un limbo legal la situación de varias calles que fueron excluidas de la recepción. Para los inquilinos resulta inasumible adecuar estos espacios y a título particular algunos vecinos han colocado farolas junto a algunas viviendas para tener algo de iluminación, ya que hay una falta de seguridad jurídica en la urbanización porque no hay ninguna comunidad de propietarios reglada que englobe a todos los residentes, que podrían superar los 400, y «es muy difícil juntarse porque hay muchas herencias y propietarios que han fallecido», señala Roberto Sierra, representante de la plataforma de Afectados de la urbanización Panorama.
Por otro lado, se trata de un enclave donde predominan las segundas residencias por lo que durante la temporada baja hay muchas casas desocupadas lo que limita que haya fuerza entre el vecindario para regular la zona, ya que como explica Jesús Fernández, uno de los residentes en calle Asturias, una de las afectadas, «el deterioro de las zonas comunes dificulta que vengan nuevas personas a vivir aquí y que los que estamos podamos vender, porque hay pocos incentivos que ofrecer».
Antecedentes
El problema en esta urbanización viene de lejos. A finales de la década de los ochenta la empresa constructora cayó en la quiebra y más tarde se creó una entidad urbanística de conservación para arreglar las partes a medias de este entramado para recepcionarlo después, según indican desde la plataforma de afectados de la Urbanización Panorama. El Consistorio disolvió en 2000 esta entidad y sólo se terminaron incluyendo en el nuevo plan general de ordenación urbana seis calles, las más grandes y transitadas, mientras que el resto se quedaban sin regularizar.
A pesar de este contexto, el gobierno local de la época mantuvo el suministro eléctrico de toda la urbanización durante años independientemente de la titularidad de las calles pero en 2012 se dejó de pagar el suministro y tres años después se creó la plataforma de afectados de la urbanización,porque según denuncian desde el colectivo, hubo un administrador de fincas que se dedicaba a reunir dinero de vecinos para poner luz en algunas de las calles afectadas en representación de una asociación de vecinos que no existía, por lo que entendían que se trataba de una estafa. Hoy desconocen desde el colectivo qué métodos se emplean para que haya algunas farolas funcionando porque no hay ningún contrato en vigor en nombre de la urbanización.
Inversión multimillonaria
Los residentes proponen que el Ayuntamiento desarrolle un plan a largo plazo para regularizar esta situación y desde el cuatripartito valoran que la única vía para hacerse cargo del mantenimiento de estos viales pasaría por que los vecinos asumieran la inversión, que superaba los 600.000 euros, según indican desde la Concejalía de Urbanismo, para colocar farolas acordes a la normativa actual y pavimentasen las calles, sin contar con las acometidas en la red de alcantarillado. Ya de entrada los residentes ven inviable esta salida no sólo por la cuantía a pagar, si no porque sería necesario el apoyo de la totalidad de los propietarios.
