Los marineros que estimen erróneamente el número de capturas desde la embarcación con un porcentaje de error superior al 10 por ciento tanto por arriba como por debajo pueden enfrentarse a sanciones que van de los 600 a los 60.000 euros, e incluso se les puede vetar el derecho a subvención por el paro biológico. Ante la estricta regulación que emana de la normativa europea para capturas en buques de arrastre del Mediterráneo, a partir de 50 kilos de pesca, el Ayuntamiento de Santa Pola instará tanto al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación como a la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente y Cambio Climático para que promuevan el cambio de la legislación vigente, ya que en el último pleno se aprobó por unanimidad una moción del Partido Popular para que la normativa no sea tan restrictiva con los pescadores.

La situación afecta a determinados buques, en este caso a los de arrastre, que tienen por ley un diario electrónico de a bordo (DEA), es decir, un sistema en el que los patrones registran a diario todos los datos relativos a la pesca en cinco variantes, que van desde la hora en la que la embarcación sale del puerto, las capturas estimadas que han pescado, la hora del fin de marea, el regreso al puerto y las capturas declaradas finalmente en el desembarque, donde la cofradía hace un informe con el pesaje exacto. El problema viene en el dato del volumen de capturas estimado que los pescadores tienen que calcular conforme van entrando kilos en el buque, ya que tienen que calcularlo a ojo y en el caso de que se excedan o se queden cortos en un 10 por ciento a los datos finales que registra la cofradía, se levanta acta y un procedimiento sancionador al armador y al patrón del barco que también puede derivar en la denegación o reintegro de subvenciones.

Nueve puntos

Cuando sumen nueve puntos las infracciones se deben devolver las ayudas de cinco años atrás y los pescadores no podrían solicitar la ayuda en un año para hacer frente al paro biológico, según se desprende del texto de la moción con datos recopilados por la Cofradía. Una situación que desde la bancada popular consideran «coercitiva con multas injustas y desproporcionadas» en lugar de ser «una medida de control estadístico y orientativa», según señala el edil Ángel Piedecausa en el texto de la moción del PP, ya que él como patrón de embarcación señala que hay cuatro buques en la villa marinera sancionados en 2018 por esta extrema regulación. Ataja que no hay propósito de evadir el control porque «los inspectores de pesca ya recogen el dato oficial minutos después», y por ello no consideran acertado que la comunicación de las capturas a ojo tenga que ser tan meticulosa «porque entraña una dificultad una estimación tan exacta», según el PP.

Lo cierto es que otros Ayuntamientos de la provincia también se están movilizando por lo que consideran un problema de fondo para la economía de los pescadores. Este diario se ha puesto en contacto, sin éxito, con la Cofradía de Pescadores para aportar su visión al problema.