El juzgado de Instrucción número 4 de Elche citó ayer a declarar a varios testigos por la causa abierta por supuestas irregularidades en el procedimiento de contratación de los servicios de conserjes y personal auxiliar de las instalaciones deportivas de Crevillent entre 2013 y 2016.
Entre los citados ayer se encontraba el exinterventor municipal del Ayuntamiento, Fernando Urruticoetxea, así como el portavoz de Compromís a nivel local, José Manuel Penalva, ya que desde su grupo pusieron en manos de la fiscalía unos hechos que consideraron que podían ser constitutivos de delito, y por los que ahora se está investigando al edil de Deportes, Manuel Moya o al propio alcalde, César Asencio, que tendrá que declarar el 29 de marzo opor presuntos delitos de prevaricación administrativa, fraude, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y negociación prohibida a funcionarios públicos.
Declaración
El exinterventor declaró en el juzgado en calidad de testigo y después reseñó a los medios que «la corrupción estaba instalada en el Ayuntamiento de Crevillent con una complicidad generalizada entre los órganos de gobierno y funcionarios que se hacía a través de tráfico de regalos, influencias, de amiguismo y de clientelismo».
El exinterventor cuenta que no le preguntaron en la sala sobre las condiciones de trabajo que desarrolló en su cargo en aquellos años donde era testigo importante de la gestión económica, si no por «aspectos técnicos de mis informes por decenas de escritos sobre irregularidades en la contratación de deportes y ni una sola vez me han dicho si ejercí esas funciones en condiciones acordes a mi cargo». El alcalde, César Asencio, se defiende de estas declaraciones negando las acusaciones del interventor «porque ve corrupción generalizada sin mostrar pruebas». En calidad de testigo, José Manuel Penalva reprochó que no se personase el Consistorio como acusación particular «para defender los intereses públicos»
Penalva ha explicado que veían irregularidades al abonarse certificaciones por servicios de conserjería en instalaciones deportivas «que llevaban años cerradas y entendíamos que no se podían pagar las mismas certificaciones». Exponía, también, que el único coordinador de Deportes tenía relación directa con la empresa que tenía la adjudicación del servicio de conserjes, por lo que considera que ese coordinador debería haberse abstenido en el proceso de prórroga y en las certificaciones.
