El exinterventor municipal del Ayuntamiento de Crevillent, Fernando Urruticoetxea, que este lunes ha declarado como testigo en relación a las supuestas irregularidades en la certificación de los servicios de conserjería para instalaciones deportivas municipales, se ha mostrado "desmoralizado" y ha aseverado: "La corrupción estaba instalada en el Ayuntamiento de Crevillent con una complicidad generalizada entre los funcionarios".

"La verdad jurídica muchas veces no se adecúa y tengo la sospecha de que tampoco se quiere adecuar, a lo que sucedió en el Ayuntamiento desde el punto de vista de la gestión económica en aquellos años en los que fui testigo importante", ha manifestado Urruticoetxea a preguntas de los medios a su salida del juzgado de Instrucción número 4 de Elche.

En la causa se sentará como investigado el alcalde crevillentí, César Augusto Asencio, por las supuestas irregularidades cometidas entre 2013 y 2016 por los órganos decisorios en el procedimiento para la externalización de los servicios de conserjes y personal auxiliar de las instalaciones deportivas. La causa se ha abierto por delitos de presunta prevaricación administrativa, fraude, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y negociación prohibida a funcionarios públicos.

"No me han hecho ni una sola pregunta sobre las condiciones de trabajo que desarrollé, ni una sola vez. He estado declarando una hora, todo por aspectos técnicos de mis informes por escritos que fueron muchos, numerosos, decenas sobre irregularidades en la contratación de deportes y ni una sola vez me han dicho si ejercí esas funciones en condiciones acordes a mi cargo", ha mantenido.

Además, ha expuesto la "presión tendenciosa" que se ejerció sobre él y que ha descrito como "tremenda". "Te condiciona totalmente el ejercicio de esa función que debería estar protegida", ha alegado.

Cuestionado sobre qué tipo de irregularidades detallaba en sus informes, Urruticoetxea ha dicho que eran "múltiple" y en función "de la arbitrariedad". "No solo era Deportes, era un aspecto desde el punto de vista económico menos relevante, que la arbitrariedad en otros aspectos de la gestión económica. Es que la arbitrariedad era la norma en la gestión del ayuntamiento de Crevillent", ha incidido.

"Con una palabra más clara, la corrupción estaba instalada en el Ayuntamiento de Crevillent, una complicidad generalizada entre los funcionarios no solo entre los órganos de Gobierno del Ayuntamiento", ha indicado y ha detallado que esa complicidad de los funcionarios se hacía a través del "tráfico de regalos, influencias, de amiguismo y de clientelismo".

Urruticoetxea ha asegurado que fue la "única voz discordante en esos cuatro años" --entre 2009 y 2014--, y, entre sollozos, ha afirmado que mantuvo una "situación personal jodida". Así, ha precisado que fueron "decenas" de informes "en todos los órdenes" y ha tachado de "gravemente ilegal" en la única unidad de actuación urbanística en cuanto al interés general.

"Contratos de basuras, agua, jardinería, cultura, subvenciones, en todos los órdenes en la gestión del ayuntamiento y con silencio y complicidad del aparato administrativo municipal", ha zanjado. "Lo que me han preguntado a mí hoy en una hora no llega a ni a la uñita del iceberg de la trama de corrupción generalizada que había en el Ayuntamiento de Crevillent; uno de ellos, Deportes de una forma manifiesta, notable y evidente, con un concejal que actuaba de una forma claramente arbitraria e irregular".

Compromís

Por su parte, el portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Crevillent y diputado provincial, José Manuel Penalva, ha criticado este lunes que el consistorio alicantino no se haya personado como acusación particular para defender los intereses públicos ante la certificación de servicios de conserjería prestados en instalaciones deportivas municipales cerradas al público.

El juzgado de Instrucción número 4 de Elche ha citado a declarar como investigadas a diez personas, entre ellas, el alcalde de Crevillent y vicepresidente de la Diputación, el 'popular' César Augusto Asencio, en la causa abierta por supuestas irregularidades cometidas entre 2013 y 2016 por los órganos decisorios en el procedimiento para la externalización de los servicios de conserjes y personal auxiliar de las instalaciones deportivas.

La causa se ha abierto por delitos de presunta prevaricación administrativa, fraude, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y negociación prohibida a funcionarios públicos.

Penalva ha explicado, a la salida del juzgado, donde ha prestado declaración en calidad de testigo, que se estaban abonando certificaciones por servicios de conserjería ofrecidos en instalaciones deportivas "que llevaban años cerradas".

"Entendíamos que no se podían pagar las mismas certificaciones, que en principio, alguien tenía que avalar; y en Deportes, el único coordinador que había era una persona que tenía relación directa con la empresa que tenía la adjudicación", ha recordado Penalva en atención a los medios.

En ese sentido, ha opinado que ese coordinador debería haberse abstenido en todo el proceso, "tanto de la prórroga como en las certificaciones". Penalva ha subrayado que el equipo de Gobierno estaba "avisado" a través de diferentes plenos y comisiones: "Entendíamos que allí no se estaban tomando medidas y se estaba pervertiendo el herario público, que el dinero público no estan garantizados", ha afirmado.

Sobre el coste para las arcas públicas, José Manuel Penalva ha hablado de unos cuatro millones de euros sobre "todos los contratos", aunque ha matizado que "sean imputables, lo tendrá que determinar el procedimiento judicial". "Estamos hablando de la misma familia y del mismo gobierno", ha sostenido Penalva que ha tirado en falta que el equipo de Gobierno estuviera en el inicio del proceso el Ayuntamiento como acusación particular "o al menos, para defender los intereses públicos".

"Por ello, considerábamos que debería haber presentado su dimisión el alcalde de Crevillent, porque también está investigado en este asunto; y entendíamos que alguien debería estar personado", ha afirmado. "Mi petición es por responsabilidades políticas y las cuestiones judiciales están en el juzgado", ha zanjado.