Madres y padres del colegio Vicenta Ruso del barrio santa polero de Gran Alacant han vuelto a recurrir a los juzgados al considerar que el gobierno autonómico instauró de manera unilateral un modelo de plurilingüismo para este curso escolar, que no se ajusta a la realidad social y al contexto demolingüístico del grueso de los estudiantes, según la demanda que mantienen desde el colectivo del AMPA Participativa, que ha iniciado un recurso contencioso administrativo en el Juzgado 2 de València contra este plan de la Conselleria de Educación.

Es por ello que en los próximos días está citada la abogacía de la Generalitat en este órgano jurisdiccional para que aporte el expediente que verifique por qué se tomó la determinación de instaurar un modelo que equilibra el porcentaje de horas de valenciano con las de castellano en los niveles de Infantil como primero y segundo de Primaria, donde ha llegado este programa piloto. Indican, además, que se está«experimentando» con los menores al instaurar un modelo de lectoescritura simultánea en ambas lenguas, algo que sostienen que es el único centro que lo está realizando y que podría causar confusión entre el alumnado.

Aún y así, desde la Jefatura de estudios del centro señalan que todavía no pueden valorar si los resultados son positivos o no con este modelo mixto, donde se enseñan fonemas de los dos idiomas en lugar de priorizar sobre una de las dos lenguas. Desde la asociación piden que la administración autonómica se retraiga de este plan porque no creen que se haya tenido en cuenta la realidad de este centro, que cuenta con cerca de 900 alumnos que proceden de 17 nacionalidades distintas, por lo que ven descompensado que el valenciano incluso predomine sobre el castellano en un 1%.

Encuesta

Aportan como dato una encuesta que realizaron en 2018 en la que participó el 40 por ciento de los tutores legales, donde casi la totalidad optaba por el castellano como lengua vehicular, por lo que fundamentan este recurso en la aparente vulneración de derechos de los progenitores para decidir. Exponen, además, que hay un silencio administrativo porque no se les ha respondido a los recursos de alzada que interpusieron en junio de 2018, meses antes de iniciarse las clases, algo que les ha motivado a seguir esta vía administrativa y preparar una demanda que se incluya en el procedimiento.

Hay que tener en cuenta que la Conselleria de Educación puso en práctica este modelo después de que el Consejo Escolar, integrado por profesores y progenitores, no alcanzase el acuerdo de dos tercios que marca la ley para que fuese el propio centro el que eligiese el plan lingüístico.

Otro pleito

Desde la AMPA participativa también elevaron otro recurso en 2017 contra la decisión de Educación de implantar el nivel avanzado II de valenciano, aún cuando el consejo escolar se había posicionado a favor de un nivel intermedio. El propio Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) instó al gobierno autonómico que remitieran el expediente.