Siete de cada diez habitantes que apuestan por comprarse una vivienda en Crevillent en los últimos dos años son de origen magrebí. Esta es la nueva tendencia que anotan en el sector inmobiliario de la localidad. A pesar de la crisis estructural en el sector de la construcción, los expertos apuntan que, sin embargo, está remontando la compraventa de pisos de segunda mano que son atractivos para esta parte de la población migrante, a pesar de que sólo representa al 7,26 por ciento de los residentes crevillentinos censados, según los datos del Instituo Nacional de Estadística.
La realidad en este municipio de 28.800 habitantes es que la crisis del ladrillo es evidente, porque desde 2011 no se ha construido ninguna promoción nueva, debido a la desconfianza de los promotores para actuar en el municipio alfombrero por la poca capacidad de particulares para invertir y la bajada de los precios de los inmuebles. Aún y así, en los últimos cinco años ha aumentado un 32 por ciento la compraventa de viviendas, eso sí, el 98 por ciento de ellas son de segunda mano, según el registro de transacciones inmobiliarias que maneja el Ministerio de Fomento, con datos actualizados hasta el penúltimo trimestre de 2018, que reflejan que en el último año se vendieron 206 casas de segunda mano en comparación a sólo tres nuevas, y, según los portales inmobiliarios, cerca de un 20% tenía como propietario a una entidad bancaria tras un embargo.
Precios bajos
Se explica que triunfe la propiedad de segunda mano debido, por un lado, al precio medio de la vivienda antigua, que ronda los 65.000 euros, un 30 por ciento más barato que la nueva construcción, aunque en el mercado pueden verse incluso pisos y plantas bajas en zonas como Santísima Trinidad, El Calvario o el núcleo histórico en la línea de los 20.ooo y 30.000 euros, con más de tres décadas de antigüedad. Bien es cierto que seis de diez compradores están optando por adquisiciones de este tipo porque son más rentables.
Por otro lado, según David González, asesor inmobiliario, Crevillent cuenta con escasos promotores locales, la mayoría se han jubilado, son de avanzada edad o bien no ven nicho de mercado por la falta de demanda y han apostado por otros municipios, ya que con los dedos de una mano se pueden contar los bloques de pisos nuevos que están a la espera de venderse. Entre ellos hay algunos que permanecen cerrados desde que se contruyeron hace cerca de una década. En busca de incentivos, ciertos promotores han optado por el modelo de alquiler con opción a compra y añadiendo en el paquete servicios como garaje.
Miedo al alquiler
Algunos promotores que tienen viviendas vacías sin vender no están arriesgando a poner esta facilidad con opción a compra pero están en la tesitura de que el precio se devalúa por cada año que sigue cerrada la vivienda, y no les salen las cuentas ya que compraron solares a precios altos en su momento para levantar estos edificios. Además, hay una gran ausencia de alquileres disponibles, que de media tienen un precio de 350 euros. «Todos los días nos llaman en busca de esta modalidad pero está todo completo, no hay ninguna oferta», sostiene José Ángel Adsuar, asesor inmobiliario.
Los expertos sostienen que ciertas normativas, como la ley de Arrendamientos Urbanos, flexibiliza menos la relación entre el propietario y el inquilino porque se aumenta la duración exigida de los contratos. Temen, también, que la nueva regulación estatal de los precios sea un cortapisas para que el propietario pueda elegir el coste que impone.
Desde el punto de vista de vulnerabilidad social, la Concejalía de Bienestar Social ha iniciado recientemente una ronda de contactos con entidades bancarias para poder determinar el número de viviendas vacías en manos de bancos que hay exactamente en el municipio, para poder mediar después a la hora de gestionar un alquiler social, ya que los pisos de promoción pública están al completo y más bien son nulas las ofertas de arrendamiento.
