La titular del juzgado de Instrucción 2 de Elche, Gemma Somavilla, ha solicitado al Tribunal Supremo la inhibición de la causa que sigue contra el exalcalde de Santa Pola, Miguel Zaragoza, por el caso de la Clínica de Gran Alacant. En este procedimiento judicial está siendo investigado el exregidor por los supuestos delitos de malversación, prevaricación, cohecho y tráfico de influencias. Junto a él hay otros investigados, como el que fue concejal de Personal, Jorge Perelló; los responsables de la mercantil Clínica Gran Alacant SL, Fernando Gómez y y Manuel Rodríguez; la hermana del exalcalde, Pilar Zaragoza y Antonio Jesús Martínez, estos dos últimos como contratados.

El motivo de esta decisión no es otro que el hecho de que la jueza considera imprescindible la declaración de la diputada del PP, Loreto Cascales, en relación con estos hechos y recuerda en su auto que está aforada, "por lo que a fin de no causar a la misma indefensión y no pudiendo avanzar más en la instrucción de la causa" procede elevarla al alto tribunal. Éste ahora decidirá si acepta o no la inhibición. Fuentes judiciales aseguraron que el auto está suficientemente motivado y de las investigaciones de la UDEF (Unidad de Delincuencia Fiscal y Económica) y de las declaraciones aportadas a las actuaciones es necesario la declaración de la representante pública. El auto no supone implicación directa para Loreto Cascales, o al menos el auto no lo aclara. La diputada Cascales era delegada del área en el momento en el que se produjeron los hechos objeto de la investigación, aunque de su declaración sí se podría derivar actuaciones contra ella (de hecho, su nombre aparecía en la investigación de la UDEF, tal y como ya refeljó este diario, por lo cual tendría que hacerlo acompañada de un abogado. Una cuestión que está por aclarar son los motivos por los cuales aún no se había pronunciado la magistrada sobre este asunto siendo clave como es para saber quién es el órgano competente para la investigación en los casos que existe aforamientos.

Si, finalmente, Loreto Cascales acaba declarando en el Supremo como investigada, la causa podría entrar en otra "rueda" compleja porque una buena parte de la investigación abierta hace más de dos años, en los que han declarado otros investigados y testigos, se habría hecho sin presencia de su representación legal por lo cual es probable que la causa tendría que alargarse y repetirse numerosas pruebas testificales para evitar la indefensión de ésta. En cualquier caso esto es una hipótesis hasta que el Supremo resuelva qué hace con la causa.

Según la investigación, la UDEF sostiene que el exalcalde perdonó dinero a la clínica, cerca de cien mil euros, que ésta debería haber abonado al Ayuntamiento de Santa Pola en concepto de alquiler en unas instalaciones municipales y de obras de adecuación entre 2006 y 2016. A cambio de ello, la empresa habría contratado a la hermana del regidor y a dos miembros de la candidatura del PP. Miguel Zaragoza abandonó la política hace pocos meses, donde seguía como concejal en la oposición y diputado provincial, después de que el partido resolviera que su sustituto en la institución que preside César Sánchez fuera un afín al partido pues quien tenía que sustituirle, el alcalde de San Fulgencio, Carlos Ramírez, había sido expulsado.