Santa Pola empieza el año con la misión de buscar más recursos habitacionales frente a las escasas viviendas en alquiler y a buen precio. Es así que desde la Oficina d'Habitatge, entidad dependiente de la Concejalía de Bienestar Social, arrancarán durante este año una campaña para averiguar qué casas están vacías con el fin de mediar con los propietarios y negociar precios de alquiler asumible, teniendo en cuenta que la nueva ley de arrendamientos urbanos da más potestad a las administraciones locales para buscar facilidades de alquiler.
Aunque todavía no hay un esquema cerrado de cómo se desarrollará la iniciativa, la idea que manejan desde este departamento es la de ponerse en contacto con los administradores de fincas locales para sacar un cálculo de aquellos pisos y casas desocupadas todo el año. Para ello buscarán indicativos, como el suministro de agua que se hace en esas casas, pero respetando la Ley de Protección de Datos. Según los indicadores urbanos del diagnóstico interno del Plan Santa Pola Avant, unas 14.371 están en régimen de alquiler o deshabitadas.
Gemma Asencio, responsable de la oficina, asegura el caso que más se repite es el de matrimonios que vienen de fuera y adquieren una vivienda para segunda residencia pero que acaba después en el olvido cuando fallecen y los herederos tampoco hacen disfrute de ella.
Asimismo tendrán que hacer una baremación para valorar qué tipo de viviendas entrarían en la campaña en relación a la antigüedad y, una vez puestas sobre el mapa, buscarán la coordinación con las inmobiliarias para ofertar estos alquileres, aunque los precios se intenten regular desde el Ayuntamiento.
En lista de espera
Destacan desde «Habitatge» que la situación en Santa Pola va ligada al problema nacional de vivienda y que es necesario exprimir aquellos recursos a los que nadie les saca beneficio, ya que en el caso del parque de viviendas sociales en Pablo Iglesias, gestionado por la Entitat Valenciana, hay cerca de 700 viviendas y una lista de espera próxima a las 120 personas para entrar.
Santa Pola, por otro lado, es el municipio de la provincia en el que más propuestas se presentaron para el concurso de adquisición de viviendas sociales de la Generalitat, seis, y esperan que en caso de que se resuelva favorablemente alguna de ellas se pueda emplear de entrada y salida para que los usuarios que lo necesiten puedan residir de manera temporal.
Para atender la emergencia social, durante 2018 la Oficina d'Habitatge y Mediació ha logrado paralizar 71 desahucios, gestionado 62 alquileres sociales y 24 moratorias, según se extrae de los datos publicados en la memoria anual del departamento desde donde han realizado 709 atenciones en total.
Gemma Asencio explica que ahora la mediación es más compleja porque han pasado de negociar con bancos a hacerlo con fondos de inversión a los que las entidades bancarias venden esas propiedades o incluso se ceden viviendas a empresas que las van derivando a otras mercantiles. También están negociando algunos alquileres sociales con la Sareb, conocido como banco malo, pero admiten que es una tarea que está costando.
