La alcaldesa de Santa Pola, Yolanda Seva, ha emitido esta semana un decreto por el que cesa al actual Jefe de Policía, el inspector Rodrigo Martínez, que lleva un año desempeñando el puesto, en sustitución de José Miguel Zaragoza. En 2013 fue nombrado inspector y a partir de ahora bajará a la escala de oficial. Según expone el PP en un comunicado, la primera edil alega que el motivo del cese se debe a una «falta de cualificación del inspector para hacer frente al cargo».

Desde el SEP y CSIF, los sindicatos mayoritarios de la Policía Local, están indignados por el proceder de la regidora y desde los servicios jurídicos del CSIF están estudiando qué tipo de acciones legales van a emprender contra esta decisión de Alcaldía, porque defienden la profesionalidad del que hasta la fecha era el Jefe de la Policía Local en funciones y consideran injustificado el cese y sostienen que hay pruebas que demuestran que no ha habido dejación de las funciones que le correspondían, y que detrás hay un escenario de control político de la Policía Local. A este respecto no ha querido pronunciarse ni la alcaldesa ni el concejal de Policía, que han rehusado a hacer declaraciones a este diario. Sin embargo, los socios de gobierno de Esquerra Unida han emitido un comunicado desmarcándose de los modos en los que se ha producido el cese y la suspensión de mejora de empleo desde Alcaldía, cuando el jefe de la Policía se encontraba disfrutando de unos días de permiso, una situación que se repite a la de este verano cuando los delegados sindicales de UGT y SPPLB ya solicitaron el cese del Inspector.

Otro cese

Con este último movimiento, Rodrigo Martínez será sustituido por un oficial hasta que el Intendente General, José Miguel Zaragoza vuelva al Ayuntamiento. Así, el que fuera inspector recuperará su plaza de oficial,y por lo tanto la persona que desempeñaba este puesto fue ayer cesada para bajar a la escala de agente, ya que no tenía la plaza fija y se encontraba en proceso de mejora de empleo. Aún y así, desde el CSIF indican que ha sido un cese fulminante y que en este caso no se está respetando la promoción interna del funcionariado local, por lo que también van a elevar un recurso contra este cese, ya que por contra sí que se está manteniendo el mismo puesto a un oficial en comisión de servicio que viene de otro municipio y que tras los acontecimientos no serían necesarios sus servicios, aunque los seguirá prestando en detrimento de la plantilla local, ya que, según las averiguaciones del citado sindicato, podría haber intereses políticos en que siga ocupando esta plaza porque su esposa es concejal socialista de la localidad vecina de Guardamar. Desde el PP reprochan los modos de estos ceses, y acusan de política «de acoso y derribo sobre ciertos funcionarios», mientras que Cs lamenta la forma de tomar decisiones, «precipitadamente y a escondidas».