El Partido Popular de Santa Pola ha recriminado al gobierno local que no haya negociado con la promotora del centro de formación José Tovar los más de 900.000 euros que tendrán que abonarse por el uso del centro desde 2007. Esta fue la decisión que se tomó en pleno extraordinario hace unos días cuando al final salió adelante un allanamiento en el que el Consistorio cedía a las pretensiones de la mercantil, que ha interpuesto un recurso contencioso administrativo contra el Ayuntamiento porque no han cobrado el edificio José Tovar después de caducarse la adjudicación de agente urbanizador en 2016. El PP indica que es «desorbitado» cobrar intereses desde la recepción del edificio en el año 2007, «cuando hasta noviembre de 2016 el Ayuntamiento había cumplido con las obligaciones dimanantes del convenio suscrito con la empresa y se cancela el contrato de permuta. Desde este grupo consideran de «irregular» que no se preparase oposición alguna a la demanda porque se pasó el plazo de contestar judicialmente; y alegan que les resulta sospechoso «que no existieran otros informes como el del Interventor municipal, ni se contara con el informe de la Jefa del Departamento Jurídico».
