11 años después de que se levantase el centro de formación José Tovar de Santa Pola, la promotora que lo construyó a cambio de aprovechamiento urbanístico reclama al Ayuntamiento que ingrese los cerca de 3,2 millones de euros que engloba los costes del edificio y los intereses devengados por el uso del inmueble durante más de una década. Esta demanda ha sido formal en un recurso contencioso administrativo que ha elevado recientemente la mercantil, Marblas S.L., al juzgado número 1 de Elche.
En respuesta a la petición de la empresa promotora, el Ayuntamiento ha aprobado esta semana por pleno extraordinario que remitirán al juez la propuesta de un allanamiento, es decir, que la administración local acepta todas las pretensiones de la empresa y accede al pago del edificio y de los intereses legales que se deducen, ya que finalmente la promotora ha renunciado a pedir un resarcimiento por daños y perjuicios a pesar de que ha habido un lucro cesante por parte del Consistorio, que ha estado utilizando el inmueble todo este tiempo, sin pagar un edificio que fue recepcionado por el Ayuntamiento en 2007 por tan solo un euro, según se extrae del informe jurídico municipal al que ha tenido acceso este diario.
Desde la Concejalía de Hacienda señalan que este pago se realizará dependiendo de la estimación que haga el juez, y en caso de que aprueben la propuesta municipal se pagarán los 900.000 euros que se derivan de intereses en este presupuesto, y el resto, cerca de 2,2 millones, irían a parar a las próximas cuentas. Informan que a pesar de la modificación presupuestaria que deba hacerse «no afectará a las partidas de ninguna forma porque hay más ingresos de los presupuestados, que están a la baja para cubrir con el remanente de tesorería», señala Francisco Carbonell, edil de Hacienda.
Antecedentes
En 2006 el Ayuntamiento de Santa Pola firma un convenio urbanístico con Marblas para levantar la escuela José Tovar, que hoy día también se utiliza como colegio para cubrir la necesidad de los antiguos alumnos del Hispanidad tras el derribo del centro escolar. A cambio de la habilitación y cesión de esta escuela taller, el Consistorio se comprometía a transmitir 19.810 unidades de aprovechamiento urbanístico a la mercantil para el sector Il-4,comúnmente llamado «Las Torres», que constaba en el plan general de ordenación urbana de 1985, donde la citada empresa era agente urbanizador junto a otras bajo una UTE.
En 2008 llega el nuevo plan general y sufre modificaciones el sector de «Las Torres» con viales, rotondas y zonas verdes que quitaban metros para urbanizar, por lo que el acuerdo del convenio urbanístico se vio limitado y la unión temporal de Empresas, en la que estaba incluida Marblas, discrepó de esta nueva regulación porque ya no les resultaba atractiva y finalmente se declaró la caducidad del agente urbanizador, acuerdo al que se llegó en un pleno de noviembre de 2016.
Este programa previsto no pudo ejecutarse tal y como estaba planteado al principio porque, según el informe jurídico, el plan parcial que aprobó el Ayuntamiento en la época, bajo el gobierno del PP, no fue homologado finalmente por la Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante, que es la competente para ordenar estos cambios.
Este informe revela, además, que la interventora municipal en 2010 interpretó que no procedía acceder al pago en metálico del edificio. Así las cosas, al no desarrollarse urbanísticamente este polígono la promotora viene demandando, y ya por la vía legal, que se liquide la deuda y están a la espera de que se resuelva el recurso.
