Cuando parecía que Santa Pola estaba suficientemente preparada para que los coches repostasen, la villa marinera incorpora en los últimos meses dos gasolineras más a menos de cien metros de otra estación de servicio con más de sesenta años de trayectoria en la intersección de la carretera comarcal que comunica con Elche (CV-865). Siguiendo la tendencia, además, estas nuevas apuestas se gestionan bajo el modelo del autoservicio, que cada año está cogiendo más fuerza en España y que tiene como principal ventaja una rebaja en el precio del carburante a costa de limitar en personal y servicios añadidos habituales como tienda, bares o baños.

Cinco de las nueve gasolineras que operan en la localidad son de autoservicio, o más comúnmente llamadas «low cost» porque el usuario puede ahorrarse aproximadamente cerca de un 10% en el carburante, lo que serían unos 13 céntimos por litro, pero a cambio el cliente deja atrás el contacto humano para pagarle a una máquina que habla en varios idiomas y ellos mismos se abastecen, aunque en caso de dudas, sobre todo para personas mayores que no terminan de hacerse con este sistema, pueden ser atendidos por un asistente en la mayoría de los puntos que incluso los ayudan a repostar.

Sin embargo, estas dos nuevas estaciones, recién inauguradas y de dimensiones más ajustadas a las tradicionales, no han gustado en el Ayuntamiento. Desde que estos inversores, empresas la primera con sede en València y la otra en Madrid, iniciaron los trámites en noviembre de 2015 para instalarse en la localidad, los técnicos municipales emitieron certificados de incompatibilidad urbanística porque en su momento entendían que estaba prohibido este tipo de uso sobre un suelo calificado como terciario. La duda la elevaron al Consell Jurídic Consultiu, incluso otras gasolineras presentaron alegaciones a estos planes porque consideraban que no era necesaria una concentración de surtidores en un radio tan próximo, porque creían que podría afectar a la seguridad de los ciudadanos al haber un centro escolar en las proximidades, señalan desde uno de estos establecimientos tradicionales.

Finalmente estas empresas obtuvieron todas las licencias oportunas, desde la ambiental hasta la de apertura de establecimiento porque el Estado los amparaba con la ley de 2013 de medidas de apoyo al emprendedor y estímulo del crecimiento, que en una de las cláusulas liberalizaba el mercado «low cost» en zonas próximas a polígonos industriales o con suelo de uso terciario.

En la calle las opiniones se dividen entre los que creen que el futuro pasa por este modelo que abarata los costes y luego aquellos que son más reacios. «Es un trato más frío y se están cargando muchos puestos de trabajo», señala un cliente que ha probado este servicio por primera vez.

Estas gasolineras «low cost» tienen de media a dos empleados y por las noches no tienen atención al público. Sobre la calidad del carburante, los encargados de estos establecimientos señalan que no se altera porque los suministradores son las principales petroleras del país, aunque a simple vista el usuario desconoce la procedencia. Eso sí, vienen marcados los aditivos que lleva cada uno de estos productos.