La alcaldesa de Santa Pola, Yolanda Seva, y la concejala de Deportes, María Dolores Tomás, ambas del PSPV-PSOE, declararán el 27 de noviembre en el Juzgado de Instrucción 5 de Elche como investigadas por supuestas irregularidades en la adjudicación de la organización de la Media Maratón de la villa marinera. Ese mismo día también estará citado a declarar en calidad de investigado el representante legal de la entidad que organizó este año la vigésimo novena edición de la prueba deportiva, que congrega a más de 9.000 participantes, según han informado fuentes políticas y jurídicas a Efe. En la comparecencia prestarán declaración varios testigos como el secretario y el interventor accidental.
El Juzgado de Instrucción 5 de Elche abrió esta investigación el pasado 29 de septiembre a instancias de la Fiscalía, ante la que el grupo municipal del PP había denunciado la posible comisión de delitos de prevaricación, fraude, malversación y cohecho. El PP cuestiona la adjudicación, sin concurso previo, en septiembre del pasado año de la organización de la última Media Maratón de Santa Pola a la empresa Educanova y Consultores S.L.
Según la denuncia, a la que tuvo acceso la agencia Efe, la organización de esta competición, que hasta entonces corría a cargo del Club de Atletismo Santa Pola, tuvo un coste aproximado de 100.000 euros para las arcas públicas.
Cuotas
En cambio, la recaudación, unos 150.000 euros por pago de cuotas de los participantes, fue a parar a la adjudicataria sin que esta abonase al ayuntamiento «nada por los servicios extraordinarios puestos a su disposición», reza la denuncia. De hecho, días antes de que la alcaldesa autorizara la celebración de la Media Maratón mediante un decreto fechado el 18 de enero, «se habían realizado, prácticamente, el ochenta por ciento de las actuaciones necesarias para ello».
En esta línea, sostienen que la adjudicación del contrato para organizarla de forma directa, sin concurso ni licitación, constituyó una «violación de las normas de contratación administrativa más esenciales». Así, aunque el Ayuntamiento no debía pagar nada a la empresa organizadora, el valor del contrato, consistente en la asignación de un derecho de explotación del servicio, superaba los 18.000 euros y por lo tanto no podía ser tramitado como un contrato menor. Además, siempre según la denuncia, el consistorio de Santa Pola tampoco liquidó a la adjudicataria las tasas recogidas en las ordenanzas municipales por la utilización de instalaciones deportivas o servicios relacionados con la celebración de espectáculos.
El pasado viernes en el pleno ordinario la concejal de la bancada popular Ana María Blasco le lanzaba la pregunta a la alcaldesa sobre cuándo iban a dimitir ambas ediles después de la situación en la que se encuentran en calidad de investigada.
La alcaldesa señaló que el 23 de octubre recogió una citación en el Juzgado de Paz al igual que el secretario del Ayuntamiento y la interventora accidental para declarar y la primera edil añadió que desconoce la causa. «Puedo decir bien alto que si hemos cometido algún delito nuestro partido tiene unas normas éticas que se cumplen a rajatabla y no esperaremos a una moción para dimitir pero tenemos la conciencia muy tranquila», añadió Seva que se defendió aludiendo que llegaron al Ayuntamiento «para hacer un trabajo digno y si nos tenemos que marchar volveremos a nuestro trabajo anterior, y si nos quedamos seguiremos trabajando dignamente».
