La alcaldesa de Santa Pola, Yolanda Seva, y la concejal de Deportes, María Dolores Tomás, ambas del PSPV-PSOE, declararán en en el Juzgado de Instrucción 5 de Elche como investigadas, por supuestas irregularidades en la adjudicación de la organización de la Media Maratón de la localidad.
Según han informado hoy a Efe fuentes políticas y jurídicas, junto a ellas comparecerá el mismo día, el próximo 27 de noviembre y también en calidad de investigado, el representante legal de la entidad que organizó este año la vigésimo novena edición de esta prueba deportiva, que congrega a más de 9.000 participantes. Igualmente, prestarán declaración varios testigos, como el secretario general de la corporación y el interventor accidental del ayuntamiento.
El Juzgado de Instrucción 5 de Elche abrió esta investigación el pasado 29 de septiembre a instancias de la fiscalía, ante la que el grupo municipal del PP había denunciado la posible comisión de delitos de prevaricación, fraude, malversación y cohecho.
El PP cuestiona la adjudicación, sin concurso previo, en septiembre del pasado año de la organización de la última Media Maratón de Santa Pola a la empresa Educanova y Consultores SL. Según la denuncia, a la que ha tenido acceso Efe, la organización de esta competición, que hasta entonces corría a cargo del Club de Atletismo Santa Pola, tuvo un coste aproximado de 100.000 euros para las arcas públicas.
En cambio, la recaudación, unos 150.000 euros por pago de cuotas de los participantes, fue a parar a la adjudicataria sin que ésta abonase al ayuntamiento "nada por los servicios extraordinarios puestos a su disposición". De hecho, días antes de que la alcaldesa autorizara la celebración de la Media Maratón mediante un decreto fechado el 18 de enero, "se habían realizado, prácticamente, el ochenta por ciento de las actuaciones necesarias" para ello.
En esta línea, sostienen que la adjudicación del contrato para organizarla de forma directa, sin concurso ni licitación, constituyó una "violación de las normas de contratación administrativa más esenciales". Así, aunque el ayuntamiento no debía pagar nada a la empresa organizadora, el valor del contrato, consistente en la asignación de un derecho de explotación del servicio, superaba los 18.000 euros y por lo tanto no podía ser tramitado como un contrato menor.
Además, siempre según la denuncia, el consistorio de Santa Pola tampoco liquidó a la adjudicataria las tasas recogidas en las ordenanzas municipales por la utilización de instalaciones deportivas o servicios relacionados con la celebración de espectáculos.
