Después de un tenso debate, el cuatripartito de Santa Pola logró aprobar los presupuestos de 34 millones de euros, que pasaron ayer por pleno después de haber estado más de diez meses prorrogados de manera provisional. La alcaldesa, Yolanda Seva, y su equipo, no lo tuvieron difícil para alcanzar los votos necesarios y pudieron salir adelante las cuentas tras una sesión extraordinaria en la que los dos ediles no adscritos, Francisco e Ignacio Soler dieron su apoyo al documento económico, mientras que Ciudadanos se abstuvo y el PP no dio pie a aprobarlos. De hecho, instantes antes de la votación los populares estuvieron a punto de abandonar el salón de plenos cuando el edil de Izquierda Unida, Samuel Ortiz, acusó al PP de «corrupto».

Según la formación naranja, el retraso en la aprobación lastra las inversiones y subvenciones para el municipio, algunas de ellas que se quedarán fuera este año o que, al menos, no terminarán de completarse, y pronosticó que las cuentas serán una continuación de las de 2019 porque solo quedan tres meses para que acabe el año. Al hilo, la portavoz de Ciudadanos, Eva Mora, expuso antes del pleno que el gobierno municipal se merecía un voto en contra por el retraso motivado por la falta de planificación, señaló. Sin embargo, finalmente decidieron abstenerse en la votación «por responsabilidad con Santa Pola», para que no se quedaran fuera todas las inversiones y las subvenciones concedidas, que están a la espera de justificarse una vez se disponga del crédito, señaló Eva Mora.

Desde el PP justificaron su oposición a las cuentas criticando las partidas excluidas para mejorar algunas infraestructuras o el mantenimiento en ciertos barrios más periféricos. En defensa de las cuentas, el concejal de Hacienda, Francisco Carbonell, atajó en el pleno que este presupuesto es más completo, ambicioso y organizado que los anteriores, porque algunas áreas se han modificado para que sea más rápido manejarlo y que facilitará que se acorten los plazos para presentar el borrador en años venideros. La justificación a la demora hasta octubre, según Carbonell, se debía tanto a aspectos administrativos como la falta de personal municipal, por lo que las tareas de redacción de informes han tenido que recaer en otros técnicos municipales. Por otro lado, los acuerdos políticos a nivel estatal sobre los presupuestos generales también han influido con el retraso a nivel local, según el edil de Compromís.

Las cuentas

El presupuesto asciende a 32.879.376,23 euros, a los que se suman los más de tres millones de la Agencia de Desarrollo Local, que este año tiene una inyección de un millón y medio más, donde entran subvenciones para impulsar programas de empleo para contratación temporal de personal. En general, las cuentas aumentan un 14% en relación a 2017 y uno de los puntos donde más recaudación se prevé, más de 13 millones, es a través del Impuesto de Bienes Inmuebles Urbanos (IBI), con el que aspiran a percibir un 7% más con un mayor control del catastro para atajar las viviendas irregulares.

Las inversiones más notables son la segunda fase de urbanización del boulevard de la Avenida de Salamanca por 330.000 euros, financiada por la Diputación, aunque todavía el órgano provincial no ha dado luz verde a esta ayuda que supone una de las demandas más constantes de los vecinos de la zona, que requieren de más puntos de esparcimiento. Con una cifra similar, y apoyados con los Fondos Feder, se terminará, también, la fase de excavaciones del Portus y se colocarán pasarelas y materiales que doten de un discurso museográfico al entorno.

La mejora de la red se saneamiento y una adecuación de la señalética y zonas verdes del polígono In-2 también serán otros de los planes con este presupuesto, al igual que el arreglo del salón de actos de la Casa de Cultura, inversiones, la mayoría subvencionadas, que deben justificarse antes del fin de 2018 para que sean realidad.