Después de 14 años con las obras iniciadas, el Ayuntamiento de Crevillent tendrá que asumir la urbanización de la parte final del polígono de la Cerámica, tal y como lo indicó la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana al principio del verano. Esta decisión se abordará el próximo lunes en el pleno donde se aprobará la solicitud de ejecución subsidiaria de los terrenos que quedan por urbanizar con tal de iniciar los trámites para acometer las obras, que desde la oficina técnica municipal estiman en 1.127.323,64 euros.

A partir de ese momento el Consistorio tendrá que contratar a una empresa o gabinete que se encargue de redactar este proyecto técnico de obras, un trabajo que de entrada no asumirán los funcionarios municipales para no retrasar la tramitación ordinaria, señalan desde el ejecutivo local.

Otro de los acuerdos que pasarán por pleno será el de iniciar el expediente para actualizar el censo de propietarios de esta zona industrial, para que cuando se ejecuten los trabajos puedan abonar al Ayuntamiento la cuota que les correspondan por las obras.

Según el alcalde, César Asencio, con el paso del tiempo los terrenos se han ido vendiendo y han pasado a diferentes manos, por lo que los datos que se tienen están obsoletos y tendrá que actualizarse. Para hacer la aproximación económica del proyecto, durante estos meses ha tenido que realizarse una auditoría en la que han remitido informes de Hidraqua y la Cooperativa Eléctrica con las respectivas catas hidroeléctricas.

En cuanto a la urbanización, este plan de finalización de obras se encargará principalmente de revisar las calles mal replanteadas con respecto al plan urbanístico, finalizar tramos de alcantarillado o alumbrado, realizar cálculos de resistencia o construir taludes en el linde en la carretera conocida como «La Garganta».

En junio los propietarios remitieron un escrito al Ayuntamiento de Crevillent admitiendo la incapacidad económica para reactivar el complejo industrial después de tiempo paralizado. Así las cosas, el Consistorio tendrá que asumir los trabajos en base a la sentencia del TSJ, que ratifica el recurso contencioso administrativo que interpuso en 2012 uno de los propietarios, en el que expone que no pudo obtener licencia de actividad en el lugar porque no habían concluido las obras ni tampoco se habían recepcionado, y el convenio había caducado.

Por esta razón se admitía la inactividad del Ayuntamiento, competente para exigir al agente urbanizador que se cumpliesen los plazos que marcaba el convenio de obras, suscrito en 2004. Asimismo, la sentencia emite que el Ayuntamiento abandonó sus funciones de tutela y vigilancia para ejecutar la urbanización, y que por lo tanto tendría que haber reaccionado, bien declarando la caducidad del convenio o aplicando penalizaciones a la Agrupación de Interés Urbanístico (AIU) «Cerámica La Asunción», urbanizador del suelo.

Como respuesta al recurso, entre algunos motivos, el Ayuntamiento alegaba que las obras se habían paralizado por desavenencias económicas entre los propietarios y por una anterior querella a la AIU.