La regulación de un apartamento turístico en Santa Pola pasará por el filtro del Ayuntamiento. El ejecutivo local llevará a junta de gobierno un informe para que a partir de ahora sea en el área de Urbanismo desde donde se expida el Certificado de Compatibilidad Urbanística (CCU), un trámite que hasta la fecha realizaba la administración autonómica como paso previo a que un emprendedor quisiera explotar una vivienda con uso turístico. Esta fue la decisión adoptada por unanimidad en el Consejo de Comercio y Turismo que se ha celebrado esta semana en la villa marinera.

Este acuerdo atiende a una de las incorporaciones que trae la nueva legislación de la Generalitat sobre Turismo, Ocio y Hospitalidad que entró en vigor en junio y que a grandes rasgos promueve que las administraciones locales sean competentes para controlar el número de establecimientos de tipología turística que pueden haber en un área.

Por otro lado, el Ayuntamiento desde la oficina técnica tendrá potestad para reconocer, también, cuáles cumplen las condiciones para que los propietarios saquen rentabilidad a la vivienda, explotándola con un uso turístico de manera legal. Así las cosas, en el debate durante el consejo de Turismo se descartó, de entrada, la posibilidad de limitar la expansión de este servicio por zonas porque «no vemos que haya un problema esencial», explica Mercedes Landa, edil de Turismo, al considerar que Santa Pola no tiene las complicaciones de otros municipios en los que hay una sobresaturación de alojamientos turísticos concentrados en puntos concretos y que están desplazando a las viviendas de primera residencia.

En Santa Pola se desconoce el número de alquileres turísticos, aunque han cogido peso en los últimos cinco años. Desde el portal municipal de turismo aparece un listado de 17 apartamentos de esta tipología, y en plataformas como Airbndb los anuncios se disparan por encima de los 100. Si es cierto que de las 45.000 viviendas del municipio, en el 70,97% no hay nadie empadronado, por lo tanto se refiere a viviendas en su mayoría de segunda residencia (un 55%), y el resto en régimen de alquiler o vacías, según los indicadores urbanos del diagnóstico interno del Plan Santa Pola Avant, que revela que la localidad se encuentra por debajo de la media nacional, autonómica y provincial de número de habitantes por vivienda.

La ley autonómica reconoce que hay habitualidad cuando el inmueble sea cedido para su uso turístico por empresas gestoras de viviendas turísticas, o se ponga a disposición de los usuarios turísticos por sus propietarios o titulares, con independencia del tiempo contratado y siempre que se presten servicios propios de la industria hotelera. Los canales de comercialización podrán ser operadores turísticos u otros canales de venta como internet, mientras que el usuario puede enfrentarse a multas de hasta 600.000 euros si alquila sus viviendas como turísticas sin estar registradas como tal.