La Guardia Civil de Alicante ha incautado 604 kilogramos de pulpo en un restaurante de Santa Pola. En una operación conjunta de la Patrulla de la Comandancia de Protección de la Naturaleza (PACPRONA) de Alicante, con la colaboración de la Inspección de Pesca Marítima de la Generalitat, en el marco de una investigación abierta detectaron la pasada semana que varias embarcaciones de pesca con artes menores, descargaban parte de las capturas y las introducían en un vehículo particular.

La Guardia Civil realizó un seguimiento al personal de estas embarcaciones que, con el vehículo, se dirigieron al mencionado restaurante. Una vez allí introdujeron la carga en el restaurante, por lo que los agentes procedieron a realizar una inspección.

La carga entregada resultó ser pulpo recién pescado y otras especies, pero que no habían pasado por los pertinentes controles sanitarios. Anexo al restaurante, los agentes descubrieron que había otro local, que se estaba utilizando por el propietario del restaurante para almacenar, en tres grandes congeladores industriales, gran cantidad de bolsas conteniendo pulpo, careciendo de toda documentación acerca de su procedencia.

Todos los productos del mar que se comercializan deben pasar unos controles sanitarios, que se realizan en la lonja, y que tienen como fin el evitar posibles intoxicaciones a los consumidores, sin embargo, todo el pescado que había en los congeladores era clandestino y no tenía documentos de trazabilidad.

Al no disponer de información básica como dónde y cuándo se habían pescado, o si eran aptos para el consumo humano, los agentes del SEPRONA decidieron incautar todo el pescado, más de 600 kilos, que una vez comprobado que eran aptos para el consumo, fueron entregados a un centro benéfico.

El restaurante podría haber comercializado todo el pescado almacenado por unos 7.000 euros, a pesar de que el precio pagado por la mercancía era considerablemente inferior, al no haber pasado los pertinentes controles.

Por parte de la Guardia Civil y de la Inspección de Pesca Marítima de la Generalitat Valenciana, se han levantado las consiguientes actas administrativas que conllevan sanciones económicas bastante elevadas, mientras la investigación sigue abierta por si hubiera más restaurantes implicados en este tipo de práctica.